Rafael de la Sierra en rueda de prensa con Bernardo Colsa
Rafael de la Sierra en rueda de prensa con Bernardo Colsa GOBIERNO

El Gobierno de Cantabria presentará este mismo año un nuevo proyecto de ley con que el que pretende impulsar la presentación de iniciativas legislativas populares. El anteproyecto propone rebajar las firmas necesarias de 10.000 a 5.000, ampliar el plazo para recogerlas de tres a seis meses y simplificar los trámites.

Se reformará así la normativa reguladora de la ILP en Cantabria, la Ley 6/1985, que en sus más de 30 años de vida, sólo ha sido utilizada en dos ocasiones en los años 2000 y 2001. Una de las proposiciones de ley ni siquiera fue admitida a trámite y la otra tampoco llegó a tramitarse porque no fue tomada en consideración por la Mesa de la Cámara.

Así lo ha relatado este martes en rueda de prensa el consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, quien ha explicado que "el cambio de escenario social, cultural, político y sobre todo tecnológico", les ha llevado a inclinarse por la elaboración de una nueva ley "adaptada a la realidad, a los nuevos tiempos y las nuevas exigencias de los ciudadanos", en lugar de reformar la existente.

El Gobierno someterá de forma inmediata a información pública el anteproyecto de la ley, que según ha asegurado el consejero regionalista, "va a ser la más participativa de España, porque es la que menos firmas exige proporcionalmente y de forma absoluta".

Entre otras novedades, la nueva ley permitirá recoger firmas de forma telemática, y habrá fedatarios encargados de certificar la validez de las firmas. Además, se establecerá una indemnización para cubrir los gastos realizados en la difusión de la proposición de ley y en la recogida de firmas, a razón de 0,60 euros por firma, hasta un máximo de 3.000 euros.

De la Sierra ha explicado que para garantizar la "agilidad y viabilidad" de las iniciativas, se simplificarán y aclararán los trámites y requisitos necesarios, estableciendo plazos breves en procesos como la emisión y aprobación de la comisión promotora o los pliegos de recogida de firmas.

Otra novedad radica en que los promotores de la iniciativa legislativa popular serán los encargados de presentarla en el debate de toma en consideración. De la Sierra ha dicho que intentarán que los plazos de tramitación interna se cumplan de forma "rigurosa" para que el proyecto de ley pueda llegar al Parlamento si da tiempo en el periodo de sesiones que comienza en febrero y si no en el siguiente, a partir de septiembre.

DEMORA EN LA APROBACIÓN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA

El consejero ha destacado que la presentación de este proyecto de ley supone el cumplimiento de otro compromiso del Gobierno en el ámbito del impulso a la democracia participativa y la transparencia.

Así, ha enumerado otras medidas puestas en marcha en este área, como el proyecto de ley para la recuperación del Consejo Económico y Social (CES), la puesta en marcha del Portal de Transparencia en 2015, "inmediatamente después de tomar posesión", o la aprobación a finales de 2016 del proyecto de Ley de Transparencia, que está en el Parlamento "a falta de que culmine su tramitación", y la creación de una unidad administrativa en este ámbito.

Preguntado por los medios de comunicación sobre la demora en la aprobación de este proyecto de ley, criticada la semana por el PP, que responsabilizó de la misma a PSOE y PRC, De la Sierra ha respondido que quien pidió una prórroga en el plazo de presentación de enmiendas fueron el PP y Podemos, y ha cuestionado que después de "ocho meses parada sin que nadie haya dicho nada, ahora se salga echando culpas".

En todo caso, el consejero ha dicho que está "deseando" que la ley salga adelante, que el Gobierno "hizo los deberes" al presentar en el Parlamento el proyecto de ley después de un proceso de participación "extraordinariamente complejo", y por tanto, quien "no tiene culpa en absoluto es el Gobierno".

OFICINA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

Por otro lado, De la Sierra ha detallado que el Gobierno acometerá próximamente la reforma de la Oficina de Atención a la Ciudadanía y se asistirá al ciudadano en todos los trámites telemáticos en las nuevas oficinas de asistencia en materia de registro que se crearán tras la entrada en vigor de la Ley de Régimen Jurídico del Gobierno, ya en trámite parlamentario.

También se mejorará el Portal de Participación Ciudadana, integrado en el Portal de Transparencia.

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