Los dos agentes detenidos el pasado viernes por su supuesta participación en la desaparición de seis armas de la Comisaría de Ourense (entre 2014 y 2015), la publicación de anónimos que apuntaban a una trama interna de corrupción y en la muerte de otro agente en dependencias policiales "no entienden por qué ha ocurrido esto" y viven una situación "muy complicada desde un punto de vista personal y profesional", ha señalado este lunes a Europa Press su abogado.

Tras pasar a disposición judicial este domingo, a las 21,00 horas,

la magistrada les ha impuesto a cada uno de ellos una fianza de 60.000 euros, que tendrán que abonar en un plazo de cinco días, además de la obligación de comparecer ante el juzgado de instrucción más próximo a su domicilio todos los días, la prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de entregar sus pasaportes.

El abogado encargado de su defensa ha explicado que sus clientes "son dos inspectores que viven por y para la Policía", que "no se explican la detención" y que "querían declarar" a pesar de haber vivido "momentos muy duros" tras dos noches en los calabozos de la Comisaría.

Sin embargo, durante su pase a disposición judicial los dos se negaron a responder más preguntas que las de la defensa. Su abogado ha reconocido que lo han hecho siguiendo su consejo, porque hasta pocas horas antes no había tenido acceso al sumario (que consta de once tomos y más de 4.000 folios), por lo que desconocía "qué indicios existen contra ellos".

Esta celeridad de las actuaciones fue la que, según el abogado de la defensa, también motivó que a medianoche los dos detenidos se trasladasen hasta la Comisaría para que fuera repetida ante ellos y en presencia de su abogado una prueba que revelaba la presencia de sangre en el interior de uno de los vehículos incautados.

La defensa ha explicado que los dos agentes han achacado la presencia de estos restos a que hace poco tiempo trasladaron en el interior del vehículo parte de los restos de la matanza de un cerdo.

También ha apuntado que las declaraciones de ambos han sido "razonables y lógicas" a la hora de desmontar otros aspectos de la investigación, como el que apunta a que el coche de uno de ellos se había situado de forma estratégica para que no lo grabaran las cámaras el día en el que se encontró el cuerpo del agente Celso B. junto a una supuesta nota de suicidio.

En sus declaraciones, el agente ha explicado que llevaba cuatro meses aparcando su vehículo en esa plaza cuando la encontraba vacía porque tiene un todoterreno Volvo XC90 y que si lo colocaba en otra plaza del aparcamiento no tenía sitio para salir del coche.

La defensa ha explicado que los dos hombres se han trasladado hasta su domicilio familiar, y que aún no les consta cuál va a ser su situación laboral a partir de estos momentos. Uno de los agentes se encontraba jubilado y el otro era monitor de tiro en la Academia de la Policía en Ávila.

LOS HECHOS

Los hechos que investiga la titular del Juzgado de Instrucción número tres de Ourense se iniciaron en agosto de 2014, con la desaparición de tres armas del búnker de la Comisaría. En febrero de 2015 volvieron a desaparecer otras tres armas.

En la red wifi del Sindicato Unificado de Policía (SUP) de Ourense aparecieron varios anónimos que vincularon la desaparición de las armas con una red interna de corrupción en la que algunos agentes también harían la vista gorda a actividades de traficantes para obtener información.

Una investigación de Asuntos Internos no logró dar con el paradero de las armas, pero remató con la conocida como Operación Zamburiña (cuya causa sigue instruyendo el Juzgado número uno de Ourense) que supuso el desmantelamiento de la unidad antidrogas y la suspensión de seis de sus integrantes.

En abril de 2016 se produjo el último suceso vinculado a este caso, la aparición del cuerpo del que había sido responsable de Comunicación de la Policía de Ourense (y compañero de trabajo de uno de los dos detenidos) con una nota en la que se confesaba autor de los robos y de los anónimos.

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