La reunión se ha celebrado este lunes en Bielsa (Huesca)
La reunión se ha celebrado este lunes en Bielsa (Huesca) DIPUTACIÓN DE HUESCA

Del encuentro de este lunes, donde ha estado representada tanto la Diputación Provincial de Huesca (DPH), la Comarca de Sobrarbe, los ayuntamientos de Bielsa, Tella-Sin, Plan y San Juan de Plan, además de Adelpa y otros responsables políticos en las Cortes y el Congreso, han salido acuerdos para exigir las compensaciones que consideran les

corresponden en la parte de los impuestos y también en los beneficios generados.

Entre todos han definido estos nuevos pasos a dar para que repercuta en el territorio cedente y se deje de otorgar lo que entienden "es un trato de favor a las empresas hidroeléctricas" frente al "desprecio a los derechos de los ayuntamientos", titulares de los terrenos donde se ubican las explotaciones hidroeléctricas y a los habitantes del territorio que genera los aprovechamientos hidroeléctricos y sufre sus consecuencias.

Además de seguir con la batalla judicial, quieren hacer un seguimiento de la restitución territorial y del destino de sus fondos. Así lo han afirmado en la reunión en la que ha participado el presidente de la Diputación Provincial de Huesca (DPH), Miguel Gracia.

Han asistido también los afectados por la caducidad de las centrales de Urdiceto, Barrosa y Lafortunada-Cinqueta, entre ellos el alcalde de Bielsa, Miguel Noguero; y los de Tella-Sin, Plan y San Juan de Plan, Feliciano Sesé, José Serveto e Isabel Guillén; el presidente de la Comarca de Sobrarbe, Enrique Campo; por la Asociación de entidades locales del Pirineo aragonés, Ana Ruiz; y los diputados de Sobrabe tanto a nivel provincial y regional, Ramón Laplana y Enrique Pueyo; como el del Congreso, Gonzalo Palacín; y los secretarios y técnicos de estos consistorios, Joaquín Irigoyen, Mari Carmen Gabás y Montse Andrés.

La preocupación de los ayuntamientos está ahora en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) que, al pasar la gestión al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, dejarán de recibir. Por ello, se han aprobado dos resoluciones que llegarán al Gobierno central pidiendo la modificación de esta normativa para mantener estos ingresos. De la misma forma, piden ser informados de la rentabilidad en las concesiones, cuyo estudio económico debe realizar el Ministerio.

NUEVAS CONDICIONES

En el encuentro también se ha puesto la vista en establecer nuevas condiciones en el proceso de renovación de la ocupación de los montes de utilidad pública cuya gestión está en manos del Gobierno de Aragón, administración a quien piden que se persone en el expediente al producirse la caducidad de una reversión.

A este respecto, consideran que no puede autorizar la nueva ocupación sin hacer el trámite pertinente, es decir, que los ayuntamientos aprueben la ocupación y le piden al Gobierno de Aragón que active la tasa de ocupación a través de un estudio de impacto socioeconómico y estudie las afecciones directas al territorio derivadas de la falta de agua en los ríos, como puede ser la pesca, cuestiones sanitarias, el caudal ecológico o las actividades deportivas.

Ante la necesidad manifestada por parte de los ayuntamientos, la Diputación también ha informado en el transcurso del encuentro que está elaborando un estudio comparativo donde se verá la diferencia de impuestos y beneficios fiscales que aportan las centrales en Francia y España.

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