Por parte de Fiscalía se descarta reclamar contra la decisión de la responsable del Juzgado de Instrucción número tres de Ourense por considerarla ajustada a derecho.

En esta misma línea se ha manifestado el abogado de la familia de Celso B., el agente que supuestamente se suicidó en dependencias policiales y que -también supuestamente- dejó una carta inculpándose del robo de las armas.

El letrado ha explicado que las medidas de seguridad establecidas por la jueza Eva Armesto responden a lo que pidieron tanto Fiscalía como la acusación particular.

Los dos agentes deberán comparecer ante el juzgado de instrucción más próximo a su domicilio todos los días, tendrán prohibido salir del territorio nacional y deberán entregar sus pasaportes.

El abogado ha confirmado que sus clientes "están convencidos al 100%" de que el agente no se suicidó, como se dijo en un primer momento; sino que "intervinieron terceras personas".

También ha apuntado que la posibilidad de que no hubiera sido un suicidio es la misma teoría que aparece en "los informes recogidos en el auto de detención" de los agentes, de los que se habría hecho eco la jueza al estimar que "habría indicios de que cometieron varios delitos, entre ellos el de homicidio".

Para el letrado, "ahora lo importante es dilucidar quién pudo haber sido esa tercera persona", aunque no ha apuntado en ningún momento a los dos detenidos en torno a los que se centran las investigaciones en estos momentos.

"LA FAMILIA ESTÁ CONVENCIDA DE QUE EL AGENTE NO SE SUICIDÓ"

"La familia lo que quiere es aclarar lo que pasó. Siempre ha estado convencida de que, por su personalidad, era imposible que (el agente) se hubiese suicidado. Ahora, a la vista del acto de detención, todo está encaminado a que hubo una intervención de una o varias personas en la muerte del agente y aunque suene extraño eso supone un alivio para sus familiares", ha rematado el letrado.

Esta madrugada el Juzgado de Instrucción Número 3 de Ourense ha acordado la puesta en libertad bajo fianza de los dos agentes de la Policía Nacional detenidos el viernes en relación con la desaparición de armas del depósito de la Comisaría ourensana y con la muerte de un agente.

La jueza Eva Armesto dejaba a los dos detenidos en libertad provisional (bajo fianza de 60.000 euros cada uno) por considerar que no hay peligro de que puedan "alterar, ocultar o destruir" de pruebas.

En su auto, la magistrada ha reconocido la existencia de "indicios" en la comisión "de forma conjunta y planificada" de delitos de robo con fuerza, tenencia ilícita de armas, revelación de secretos, simulación de delito del artículo 457 del Código Penal, acusación o denuncia falsa e injurias y calumnia

Pero también ha apuntado

que a ambos se les investiga por un supuesto delito de homicidio en relación al agente fallecido en las instalaciones de la Comisaría el 9 de abril de 2016.

LOS HECHOS

Los hechos que investiga la titular del Juzgado de Instrucción número tres de Ourense se iniciaron en agosto de 2014, con la desaparición de tres armas del búnker de la Comisaría. En febrero de 2015 volvieron a desaparecer otras tres armas.

En la red wifi del Sindicato Unificado de Policía (SUP) de Ourense aparecieron varios anónimos que vincularon la desaparición de las armas con una red interna de corrupción en la que algunos agentes también harían la vista gorda a actividades de traficantes para obtener información.

Una investigación de Asuntos Internos no logró dar con el paradero de las armas, pero remató con la conocida como Operación Zamburiña (cuya causa sigue instruyendo el Juzgado número uno de Ourense) que supuso el desmantelamiento de la unidad antidrogas y la suspensión de seis de sus integrantes.

En abril de 2016 se producía el último suceso vinculado a este caso, la aparición del cuerpo del que había sido responsable de Comunicación de la Policía de Ourense (y compañero de trabajo de uno de los dos detenidos) con una nota en la que se confesaba autor de los robos y de los anónimos.

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