Pedro Buenaventura
Pedro Buenaventura, exdirectivo de Ferrovial, declara en el juicio del caso del Palau. EUROPA PRESS

La Fiscalía recurrirá ante el Tribunal Supremo la absolución de los exdirectivos de Ferrovial Pedro Buenaventura y Juan Elizaga, al entender que no han prescrito los delitos que se les imputaban por su papel en el pago de comisiones de la constructora a CDC a través del Palau de la Música.

Según ha informado el ministerio público, la Fiscalía Anticorrupción ha anunciado este lunes ante el Tribunal Supremo que presentará un recurso de casación, en el que pedirá que la sala condene a los exdirectivos de Ferrovial.

La semana pasada, la Audiencia de Barcelona absolvió a Bueventura y Elizaga porque, pese a considerar acreditado su papel en el pago de comisiones de Ferrovial a CDC a través del Palau de la Música, fueron imputados cuando habían pasado tres años desde su última actuación en la constructora, plazo a partir del cual prescribe el delito de tráfico de influencias del que se les acusaba.

Asimismo, la Fiscalía Anticorrupción ha precisado que la semana pasada pidió a la sección décima de la Audiencia de Barcelona que "a la mayor brevedad" convocara a una vista a los exresponsables del Palau de la Música Fèlix Millet, Jordi Montull y su hija Gemma, así como al extesorero de CDC Daniel Osàcar, para solicitar medidas cautelares sobre su situación personal, mientras el Supremo resuelve los recurso contra la sentencia.

En esa vistilla, el ministerio público solicitará oralmente las medidas cautelares que crea oportunas para los cuatro condenados, que podrían suponer su ingreso en prisión preventiva a la espera de que la sentencia por el expolio del Palau de la Música sea firme.

El pasado viernes, la Audiencia de Barcelona fijó la comparecencia de medidas cautelares del "caso Palau" para el próximo 5 de febrero, tres semanas después de la notificación de la sentencia.

Millet fue condenado a nueve años de cárcel y Osàcar, a cuatroEn su sentencia, la Audiencia de Barcelona condenó a penas de nueve años y ocho meses de cárcel a Fèlix Millet, siete años y seis meses a Jordi Montull, cuatro años y seis meses a su hija Gemma, exdirectora financiera del Palau, y cuatro años y cinco meses a Osàcar, por cobrar comisiones ilegales para CDC.

La medidas cautelares pueden incluir el ingreso en prisión de los condenados, que nunca llegaron a ser encarcelados preventivamente por este caso, o comparecencias periódicas ante el juzgado, como las que Millet y los Montull tenían impuestas a la espera de que se dictara sentencia.

Desde que declararon ante el juez instructor Juli Solaz en octubre de 2009, Millet y Montull tenían el pasaporte retirado y la obligación de comparecer mensualmente en el juzgado.

El magistrado dejó en libertad a Gemma Montull sin imponerle ninguna medida cautelar, pero la Audiencia de Barcelona rectificó posteriormente y le fijó una fianza de 500.000 euros, además de la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer semanalmente.

Por su parte, el extesorero de CDC declaró en 2011 como investigado ante el juez instructor, sin que la Fiscalía ni ninguna de las acusaciones solicitara medida cautelar alguna para él.

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