La nueva detención se produjo en el aeropuerto de Barajas. El detenido responde al nombre de Emiliano y pudo actuar como presunto intermediario en operaciones ilícitas.

Según publica el diario, Madrid es el lugar donde iba a realizarse el pago de algunas de las comisiones ilegales pactadas a cambio de favorecer proyectos urbanísticos en Totana, en concreto el del grupo gallego Nuaria, que pretendía construir hasta 5.000 viviendas en la pedanía de El Raiguero. Según se publicó la semana pasada, una de las personas que había pactado el cobro de un millón de euros era el diputado regional y ex alcalde Juan Morales, extremo que negó días después su abogado, José María Caballero, aduciendo que su cliente no había sido grabado por la Guardia Civil, ya que no había hablado de este asunto.

Con el último arrestado en Madrid son ya trece las personas detenidas desde el pasado día 26 en el transcurso de la Operación Tótem, de los que sólo está en prisión el alcalde, José Martínez Andreo, al margen de la decisión que se tome sobre este último implicado. El resto, excepto uno, han abonado sus fianzas que han oscilado entre 20.000 y 150.000 euros y deben presentarse periódicamente ante la juez del caso.

Interrogatorios

Además de esta detención, también han sido citados a declarar en los últimos días a cinco policías municipales de Totana en relación con los hechos que se investigan. Uno de ellos ha quedado imputado, según explican las mismas fuentes. El interrogatorio puede estar relacionado con la actividad del jefe de esta unidad, Alfonso Canales.

Como se sabe, entre los detenidos de la Operación Tótem figura el jefe de la policía Local de Totana, Alfonso Canales. Fue arrestado el jueves día 29 y puesto en libertad al día siguiente. Según apuntaron días después fuentes de la investigación, en una caja fuerte controlada por éste se encontraron varios expedientes que podían estar relacionados con los hechos que se investigan.

Los delitos que la juez instructora Asunción Navarro imputa a los detenidos son los de prevaricación tráfico de influencias, cohecho, violación de la correspondencia, falsificación de documento público, blanqueo de capitales y no persecución de delitos, entre otros.

La polémica arrecia en Totana mientras la localidad sigue dividida entre partidarios y detractores del actual alcalde, Martínez Andreo, que sigue ostentado el cargo desde la prisión. El ex alcalde, Juan Morales, sigue sin aclarar cuál será su futuro, mientras la Asamblea Regional acordó el lunes su paso al Grupo Mixto, una vez consumada su expulsión del grupo parlamentario del Partido Popular. Sobre él recaen sospechas de cobro de comisiones ilegales, aunque en todo caso la investigación se mantiene bajo secreto de sumario.