El Juzgado de Instrucción Número 3 de Ourense ha acordado la puesta en libertad bajo fianza de los dos agentes de la Policía Nacional detenidos el viernes en relación con la desparación de armas del depósito de la Comisaría ourensana y la muerte de un agente.

Según han informado fuentes judiciales, la magistrada les ha impuesto a cada uno de ellos, tras pasar a disposición judicial pasadas las 21,00 horas del domingo, una fianza de 60.000 euros, que tendrán que abonar en un plazo de cinco días, además de la obligación de comparecer ante el juzgado de Instrucción más próximo a su domicilio todos los días, la prohibición de salir del territorio nacional y la consiguiente obligación de hacer entrega del pasaporte.

La magistrada entiende que no está justificado acordar su ingreso en prisión debido a su arraigo familiar y patrimonial, al no concurrir peligro concreto para la alteración, ocultación o destrucción de fuentes de prueba relevantes, salvo el que justifica el mantenimiento de una pequeña parte de la instrucción como secreta.

Además, se indica en el auto que no cabe la posibilidad de actuar "contra bienes jurídicos de la víctima ni concurrir elemento alguno que permita inferir que los investigados vayan cometer otros hechos delictivos".

DELITOS

De lo actuado en la causa, la jueza entiende que existen indicios de la comisión "de forma conjunta y planificada", entre mayo de 2014 y abril de 2016, de los delitos de robo con fuerza, tenencia ilícita de armas, revelación de secretos, simulación de delito del artículo 457 del Código Penal, acusación o denuncia falsa e injurias y calumnias.

Asimismo, a ambos policías se les investiga por un supuesto delito de homicidio en relación al agente fallecido en la Comisaría de la Policía Nacional Ourense.

Para acordar la detención de los investigados, la titular del juzgado tuvo en cuenta las inspecciones oculares practicadas, informes periciales de balística, del Instituto de Toxicología y de AND, entre otros; además de las declaraciones testificales tomadas en la causa, fotografías, relación de llamadas y comunicaciones, así como documentación bancaria.

Desde el arresto, se ha procedido al registro de varias viviendas relacionadas con los sospechosos, ubicadas en Toén (Ourense), Ávila, Coslada y Ribeira, entre otras diligencias de investigación.

Antes de que se produjese la comparecencia ante la jueza se alzó de manera parcial el secreto de las actuaciones con el objetivo de que las partes pudiesen acceder al contenido de la causa antes de los interrogatorios. Las mismas fuentes judiciales han puntualizado que los investigados sólo quisieron responder a unas preguntas planteadas por su defensa.

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