La asociación ha indicado que la telefonía "sigue siendo uno de los sectores más problemáticos". "La feroz competencia y la jungla de tarifas han hecho que el consumidor se sienta en ocasiones perdido e indefenso", ha destacado. Por ello, Irache ha resaltado la importancia de que "se controle que las prácticas comerciales sean honestas, sobre todo en el sentido de facilitar una información clara y transparente al consumidor y en el cumplimiento de las condiciones pactadas".

Irache ha informado en un comunicado que uno de los problemas más habituales en este ámbito son los cobros por servicios de tarificación adicional que "habitualmente el consumidor no sabe cuándo ni cómo lo ha contratado". Los

más habituales son los servicios de mensajería Premium, en los que el consumidor paga por cada mensaje recibido a un precio "muy superior al de una llamada o un mensaje de texto ordinario".

En estos casos, el consumidor tiene derecho a no pagar la parte de la factura que corresponde a estos servicios cuando no ha dado su consentimiento para su contratación y reclamar su anulación al proveedor. Sin embargo, la asociación ha instado a "ser muy cauteloso antes de devolver la factura telefónica ya que, si incluye el coste del uso ordinario del teléfono, algunas compañías cortan la línea al consumidor por impago".

Otro caso muy repetido ha sido el incumplimiento de las ofertas realizadas por un comercial telefónico. Al llegar la primera factura el consumidor comprueba que no se cumplen las condiciones acordadas y que las tarifas aplicadas son más caras. Generalmente, en estos casos las operadoras "dicen que las ofertas no responden a las que tiene la compañía y que no pueden responder por el supuesto comercial".

También ha habido problemas con las promociones de servicios gratuitos durante un periodo determinado porque "la compañía no pone los medios para que el consumidor pueda darlo posteriormente de baja y, aunque llama o escribe email para anularlo, se lo siguen cobrando durante meses y meses al precio ordinario".

Otros conflictos se están dando en los cambios de compañía. Entre ellos, "el cobro injustificado de importes, en muchos casos por cláusulas se permanencia de las que el consumidor no fue informado ni aceptó" o que se aplican "de una forma desproporcionada".

También se están cobrando importes de 200 euros porque el consumidor no ha devuelto, por ejemplo, el descodificador o el router al irse a otra operadora, "pese a que ya ha comunicado a la anterior que puede recogerlo cuando quiera". En otras ocasiones la compañía que ha abandonado el cliente sigue girando cuotas por algunos de los servicios pese a que el consumidor solicitó la portabilidad de todos, telefonía fija, móvil, internet y televisión.

Por otro lado, Irache ha apuntado a las "subidas unilaterales de precio por partes de las operadoras telefónicas" ante las que el consumidor "no puede aspirar a mucho más que a cambiarse de operador sin que le apliquen ningún coste". "En algún caso, se han dado hasta cinco encarecimientos en poco más de un año", ha criticado la asociación.