El concejal del PP, José Ignacio Senao, este viernes en rueda de prensa
El concejal del PP, José Ignacio Senao, este viernes en rueda de prensa EUROPA PRESS

En rueda de prensa, Senao ha asegurado que el problema generado con la venta ilegal en el rastro afecta "al 80 por ciento" del gobierno municipal, un proyecto "extraño" que se inició el 22 de febrero del pasado año cuando "salió a la luz pública que pretendían legalizar lo ilegal, la venta ilegal del rastro".

Comenzó con la concejal Teresa Artigas como responsable de los mercados, continuó con las decisiones de Elena Giner sobre la Policía Local y la Unidad de Apoyo Operativo (UAPO), "afectó al inefable Alberto Cubero que dijo que no sabía nada" y, finalmente, a la responsable del área de Derechos Sociales, Luisa Broto, ha relatado el edil del PP.

Senao ha indicado que la vicealcaldesa explicó en abril que se había propuesto regularizar la situación a través de la plataforma del rastro, "que no está legalizada" y en octubre se planteó llegar a un acuerdo con la Asociación Cultural El Cantero, del barrio de Torrero, para que esta entidad se encargara de la gestión del espacio de venta ilegal, de modo que se legalizara.

Sin embargo, el concejal del PP ha advertido de que en el expediente no figura ningún documento de la asesoría jurídica ni se ofrece ninguna explicación de por qué se quiere llegar a este acuerdo con la asociación El Cantero, aseverando que "el gobierno de Zaragoza en Común pretende retorcer la legalidad" y las ordenanzas municipales "aparentando que hacen una buena obra" con las personas en riesgo de exclusión social que se dedican a esta venta ilegal.

"La realidad es que esto es una excusa de ZEC para colocar a sus amigos" y lograr "rédito electoral para los círculos de Podemos", ha sostenido Senao, al advertir de que el presidente de esta asociación, Adolfo Allué Blasco, es también "miembro de la Comisión de Garantías Democráticas de Podemos Zaragoza".

COMPARECENCIA

Por todo ello, el próximo martes, 23 de enero, el concejal del PP pedirá la comparecencia de Luisa Broto en la Comisión de Derechos Sociales para que explique la situación de este expediente que pretende "regularizar la venta ilegal" sin informes de la asesoría jurídica y eligiendo "a dedo" a esta asociación.

"Pedimos a la vicealcaldesa que archive todas las actuaciones de este expediente, porque no hay por donde cogerlo", ha estimado, para reclamar también que se atienda desde los servicios sociales a estas personas en riesgo de exclusión que se ven obligados a recurrir a la venta ilegal.

También, "que se respete la legalidad y las ordenanzas municipales" y que la Policía Local y la UAPO patrullen de nuevo por el perímetro del parking de La Almozara para garantizar la seguridad y evitar "la venta ilegal de todo tipo de productos y alimentos en el rastro de las tinieblas" los sábados por la noche.

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