Eduardo Muñoz.
Eduardo Muñoz. Europa Press/Archivo

En la causa también están investigados el secretario general de Empleo, José Martínez Iglesias o al jefe del servicio de formación para el Empleo, José Ángel Gil Flores, además de otros cargos técnicos.

Según han informado a Europa Press desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la Audiencia destestimó los recursos presentados confirmando el auto emitido en 2016 por el Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva.

En el citado auto, el juez ordenaba la continuidad de la causa por procedimiento abreviado y pedía a las acusaciones que presentaran sus escritos, y solicitud de apertura de juicio oral, o el sobreseimiento de la causa, que es precisamente lo que ha pedido la Junta de Andalucía. En estos momentos, se está a la espera de que la Fiscalía presente también su escrito de acusación o solicite su archivo, según ha adelantado el diario ABC.

Cabe recordar que en el auto del juzgado de instrucción el juez justificaba el procesamiento al considerar que existen "suficientes indicios de delito en la actuación del personal perteneciente a la Delegación de Empleo de Huelva, que ha permitido, por acción u omisión, que se dilapide y se malgaste el dinero público destinado a la formación, principalmente, de personas desempleadas".

A finales de junio de 2016, Eduardo Muñoz acudió a los tribunales citado por este juzgado y se acogió a su derecho a no declarar al igual que el jefe del departamento de análisis, Programación y Formación Continua del SAE, Manuel María Velázquez y José Ángel Gil Flores, finalizando esta fase de declaraciones con estas dos citaciones.

Las detenciones de estas personas se llevaron a cabo en marzo de 2016 tras el análisis de más de cerca de 12 millones de euros en subvenciones aprobadas en el año 2011 para 129 entidades, lo que provocó una nueva fase de la 'Operación Edu'. Estos agentes investigaron las subvenciones recogidas en la resolución de 21 de febrero de 2011 de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Huelva, que fue publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Estas subvenciones se concedieron "con cargo al Programa Presupuestario 32D y al amparo de la Orden de 23 de octubre de 2009, por la que se desarrolla el decreto por el que regula la ordenación de la Formación Profesional para el Empleo en Andalucía", estando firmada por uno de los investigados.

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