El hombre tenía buena salud física en 2014, aunque padecía insomnio y depresión a raíz del fallecimiento de su mujer. Residió en Villaviciosa hasta febrero de 2014, cuando sufrió una caída, por lo que la acusada, su nieta, lo trasladó al municipio de Pravia para que viviese con ella y otros familiares.

El fiscal sostiene que, desde ese momento, ella privó a su abuelo de todo contacto con sus familiares de Villaviciosa, así como de hablar con cualquier vecino. Le manejaba las cuentas y disponía de su dinero. Además, le hizo creer que padecía un tumor cerebral, lo que motivó que él le entregase de forma voluntaria a la acusada 45.000 euros para curarse.

Al mismo tiempo, era la acusada quien controlaba toda la medicación que se le suministraba. Sin autorización médica, ella le cambió la mediación y le suministró "sin necesidad" diariamente dos pastillas de Orfidal por la mañana con el desayuno y otros dos por la tarde a la hora de la merienda, así como tres gotas de Haloperidol, tres veces al día.

Desde el 15 de abril de 2014, esta medicación fue suministrada al anciano por la cuidadora contratada por la acusada, según las instrucciones que ésta le daba. En una ocasión, concretamente el 15 de abril de 2014, la acusada inmovilizó al hombre con una sábana y le sujetó con el brazo para suministrársela, ya que el hombre negaba a tomarla.

Añade el fiscal en su escrito que el 22 de abril de 2014, la acusada recibió una llamada telefónica en la que se le informó de que el hombre tenía adjudicada una plaza en la Residencia de San Francisco de Villaviciosa, por lo que debía ser trasladado a la misma. A la hora de la comida, la acusada le suministró a su abuelo la medicación prescrita por el médico y lo hizo en dosis de rango terapéutico.

La asociación de benzodiacepinas con barbitúricos, sustancias detectadas toda ellas por estudio toxicológico, provocaron en el hombre un efecto secundario de depresión respiratoria, lo que asociado a su edad, le ocasionó la muerte.

No obstante, la Fiscalía considera que la muerte del hombre no puede imputarse al actuar imprudente de la acusada, ya que las muestras detectadas en el fallecido "derivan todas ellas de medicinas prescritas por el médico y en cantidad no sólo no letal, sino en rango terapéutico".

El fiscal considera que los hechos son constitutivos de un delito de trato degradante y solicita que se condene a la acusada a un año y nueve meses de prisión.

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