Así lo han indicado desde Izquierda Unida, que está personada como acusación popular en el proceso, junto a la Condeferación Intersindical de Cajas (CIC), mientras que la Fundación Caja Segovia ejerce como acusación particular. En esta causa, la Fiscalía renunció a formular acusación alguna, sino que solicitó el sobreseimiento y archivo.

En los momentos iniciales del proceso también estuvo personada UPyD, aunque tras la disolución del partido en Segovia, la asociación heredera de la formación magenta, Centrados en Segovia, se vio obligada a retirarse de esa función.

Las acusaciones solicitan penas de prisión que oscilan entre los tres y los ocho años y las fianzas impuestas suman un total que supera los 50 millones de euros y el auto abre la puerta a que se sienten en el banquillo el que fuera presidente de la entidad, Atilano Soto, así como los exconsejeros Manuel Agudíez, Elena García Gil, Manuel Escribano, Antonio Tapias y Enrique Quintanilla, por presuntos delitos de administración desleal y apropiación indebida.

La titular del Juzgado también sitúa como responsable civil directo a la aseguradora Caser, con la que Caja Segovia suscribió las pólizas relacionadas con las retribuciones aprobadas. Asimismo, considera partícipes a título lucrativo a Miguel Ángel Sánchez Plaza, Óscar Javier Varas, Juan Bautista Magaña, Malaquías Folgado y Juan Antonio Folgado.

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