La viceportavoz de Málaga para la Gente, Remedios Ramos, ha señalado que en la provincia de Málaga hay más de 60.000 hogares afectados por la pobreza energética, según datos proporcionados por Cruz Roja, añadiendo que esta organización ha atendido en Málaga a más de 21.500 personas con dificultades para pagar la luz o el agua.

"Nuestro grupo piensa que la energía, luz y gas, son bienes esenciales para la vida y que deben ser gestionados desde lo público y no supeditados al interés privado, por lo que hemos propuesto medidas que garanticen los suministros básicos vitales a las personas y familias en riesgo de exclusión social", ha agregado.

Para Málaga para la Gente, el Consistorio "no puede vivir de espaldas a esta realidad, por lo que debe adoptar medidas específicas dirigidas a prevenir el fenómeno de la pobreza energética que sufren cada vez más familias, para garantizar unos consumos mínimos vitales a todas las personas y familias, en función del número de miembros y de períodos estacionales, en riesgo de exclusión social".

Ramos ha detallado que según el estudio de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) existen más de siete millones de personas "con enormes dificultades" para hacer frente al recibo de la luz, debiendo dar prioridad o elegir qué cuestiones de subsistencia se pueden permitir.

Por otra parte, Ramos ha recordado que el INE señala que más del nueve de los hogares españoles no pueden mantener su casa a una temperatura adecuada, con los riesgos que eso supone para las personas con factores de riesgo más alto como niños, ancianos o enfermos.

En este sentido, Ramos ha afirmado que "la factura de la electricidad sube este invierno un diez por ciento mientras que las tres grandes compañías eléctricas de nuestro país acumulan ganancias de 56.624 millones de euros desde que comenzó la crisis".

"Por eso -ha continuado- es urgente que se afronte la reforma en profundidad de la legislación del sector eléctrico y energético llevando a cabo una transición hacia un modelo energético limpio, fundamentado en las energías renovables y el autoconsumo".

También Ramos ha aludido a los datos que del Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU) sobre la distribución de la renta en la ciudad de Málaga Málaga (Índice de Gini, Curva de Lorenz, Desigualdad y Pobreza en Málaga) en el que se reflejaba "el incremento del riesgo de pobreza y exclusión social en Málaga".

"Ese estudio se debería de actualizar puesto que faltan las cifras de años más recientes, pero intuimos que no existe mucho interés en hacerlo ya, que lejos de mejorarse, los datos nos señalaría que la desigualdad ha crecido todavía más en nuestra ciudad", ha agregado.

Según los datos de OMAU en 2011, un 22,58 por ciento de los habitantes estaban en riesgo de pobreza y exclusión social, "ponderando estos datos podemos afirmar que había 128.000 malagueños en esta situación de riesgo de exclusión social, y teniendo en cuenta que la tendencia era y es que la misma aumenta más de un punto cada año, en la actualidad podría situarse en más del 25 por ciento, lo que supone que hay unas 150.000 personas en riesgo de pobreza y exclusión social en Málaga, datos que cuadran con las cifras que manejan los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Málaga".

El 22,58 por ciento de los malagueños está en riesgo de pobreza, que se distribuye territorialmente en la zona nordeste, 27,16 por ciento; zona Oeste, 23,36 por ciento; y zona Este 9,72 por ciento, ha señalado Ramos.

Por otro lado, según el OMAU, más de la mitad de los menores de 16 años viven en hogares que llegan a fin de mes con dificultad y casi cuatro de cada de diez malagueños (37,53) tiene dificultades para llegar a fin de mes, más de 10 puntos por encima de la media estatal (27,2). El Riesgo de pobreza en Málaga "ha ido aumentando en más de un punto cada año", ha lamentado la viceportavoz de Málaga para la Gente.

En este contexto, "la pobreza energética tiene un impacto profundo en la vida de las personas y puede influenciar en su esperanza de vida y en el agravamiento de enfermedades crónicas. Se estima que la pobreza energética puede ser responsable de más de 2.300 muertes prematuras anuales frente a las 1.480 provocadas por accidentes de tráfico. Muchas familias tienen que decidir si se calienta el hogar o dan el desayuno a los niños".

"Después de casi un año de que PP y PSOE llegaran a un acuerdo de estado sobre la pobreza energética y nuevo bono social eléctrico y se llenasen la boca prometiendo una regulación que evitase que casi cinco millones de personas en España sigan viviendo sin acceso al suministro energético, el Gobierno acaba de publicar su nueva regulación sobre el bono social eléctrico, muy insuficiente y que recae en los ayuntamientos", ha criticado.

Según ha explicado Ramos, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha realizado un estudio pormenorizado en el que se analiza al detalle, el impacto que la aplicación de esta nueva regulación tiene en el territorio, en especial sobre las corporaciones locales sobre las que recae en exclusividad el deber de cubrir los gastos generados por su aplicación.

Así, ha destacado "la responsabilidad penal en la que pueden incurrir algunos alcaldes por los próximos cortes de luz de determinadas familias calificadas como vulnerables o muy vulnerables según el criterio del Ministerio de Energía".

"La voz de los servicios sociales la pone la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de forma especialmente certera y contundente remarcando las terribles consecuencias que tendrá la aplicación de este Decreto, en especial en la economía de Corporaciones Locales al obligar a realizar un gasto no contemplado previamente, ni presupuestado", ha concluido.