Así lo han puesto de manifiesto este jueves la directora general de Justicia, Verónica López, y la directora general del IMLV, Elvira Garrido, en una rueda de prensa en la que han desgranado algunas deficiencias detectadas por los Servicios de Inspección de la Generalitat en relación con el funcionamiento del instituto.

Esta Inspección decidió abrir una investigación tras las quejas en noviembre de 2016 de dos trabajadores del IMLV, quienes advirtieron de que el sistema de guardias no era equitativo e hicieron alusión a una posible relación causal entre este sistema y la emisión de certificados de incineración -que es una actividad privada que los forenses pueden ejercer de manera legal bajo la debida autorización-.

Desde este departamento público se determinó, transcurrido un año, que el sistema de guardias no era discriminatorio y que no había relación causal entre este extremo y los certificados. Sin embargo, sí aprovechó para lanzar una serie de recomendaciones y poner de manifiesto deficiencias en el funcionamiento del IMLV.

En concreto, se ha detectado que cinco médicos forenses podrían haber estado desarrollando prácticas tanatológicas -conservaciones y embalsamamientos- privadas sin haber solicitado la compatibilidad a la conselleria; mientras que otro especialista también habría estado emitiendo certificados de incineración sin tenerlo autorizado por la Administración por no haberlo pedido. Los especialistas podrían enfrentarse a un expediente disciplinario.

En relación con las prácticas tanatológicas, López ha manifestado que la jurisprudencia concluye que los forenses sí pueden hacerlas. No obstante, ante las "dudas" de la Inspección, se ha remitido una nota interna a los especialistas para indicar que no podrán practicarlas sobre cadáveres en los que hayan intervenido como funcionarios públicos, "porque eso sí sería una actividad privada vedada a trabajadores públicos", ha advertido.

En cuanto a la emisión de certificados, Garrido ha explicado que es una práctica que se lleva haciendo de hace más de 20 años de una forma habitual y los realizan tanto los forenses como cualquier médico colegiado.

Al respecto, ha concretado que son los hornos crematorios los que piden a las funerarias un certificado que indique que el fallecido no contiene elementos termoactivos ni radioactivos que pudieran impedir la incineración. Según el informe de la inspección, un forense los emitía sin tener la compatibilidad.

LOS CERTIFICADOS Y EL TANATORIO

Sobre la normativa de estos certificados, la responsable del IMLV ha indicado que la normativa parece ser que habla solamente de una declaración de la familia, pero estima que es necesario que se aclare si estos certificados son obligatorios o no. López ha señalado en este sentido que la página web del Ayuntamiento así lo recogía y que, por este motivo, las funerarias lo solicitaban.

Por último, en el informe de la Inspección se alerta sobre las posibles suspicacias que pueden revelarse por el hecho de que el IMLV disponga -cedidas por el Ayuntamiento de València- de unas instalaciones en el Tanatorio Municipal donde se podían practicar pruebas forenses de manera puntual y que podían haber sido utilizadas por dos antiguos trabajadores del instituto para actividades privadas.

Estas dos personas ya no forman parte de la plantilla de la Generalitat, dado que uno se ha jubilado y el otro ha presentado la renuncia, por lo que la Conselleria de Justicia carece de mecanismos administrativos para actuar contra ellos.

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