Así lo ha señalado en una nota la coordinadora del Grupo Parlamentario Socialista, Ángeles Férriz, para la que es "otro ejemplo más de que Andalucía continúa a la vanguardia en materia de derechos y políticas sociales en este país".

"El Gobierno de Susana Díaz vuelve a poner una pica en Flandes. En un escenario de recortes impulsados por la derecha en España, Andalucía vuelve a demostrar que las cosas se pueden hacer de otra manera, que se puede hacer política pensando en el ciudadano y que se puede combatir la crisis al tiempo que se protege a los colectivos más vulnerables", ha afirmado.

Ha apuntado que la Renta Mínima prevé beneficiar a más de 12.000 ciudadanos de la provincia de Jaén que conforman cerca de 4.500 unidades familiares.

Ha añadido que "en tiempos de crisis, hay que ayudar a quienes peor lo están pasando" y los de recuperación económica hay que "trabajar para que ésta llegue a todas las capas de la sociedad, no sólo a las elites privilegiadas para las que trabaja el PP".

La dirigente socialista ha recordado que esta iniciativa de la Junta contempla que el Servicio Andaluz de Empleo, en coordinación con los servicios sociales del municipio donde resida el solicitante, diseñará un plan de inclusión sociolaboral específico con actuaciones y medidas concretas que respeten además la perspectiva género, de manera que permita profundizar en la igualdad entre hombres y mujeres.

Férriz ha puesto el acento en la importancia de que "se está creando un nuevo derecho" para la ciudadanía andaluza que garantizará la atención a personas y familias que se encuentren en situación de extrema vulnerabilidad y exclusión social; es decir, se trata "de una herramienta concreta y específica para combatir la pobreza y la desigualdad".

"La crisis, la reforma laboral y los recortes del Gobierno del PP han abierto una brecha social de gran magnitud y esto exige políticas sociales comprometidas que permitan paliar el daño que se está cometiendo", ha recalcado.

Este decreto-ley, que ha nacido del diálogo con sindicatos, asociaciones de consumidores y organizaciones sociales, contempla una prestación de entre 419 y 779 euros mensuales mientras se desarrolla el itinerario de formación e inserción sociolaboral de las personas solicitantes.

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