Trabajadores de la seguridad privada han protagonizado este miércoles varias acciones para exigirle a la Xunta que deje de "precarizar" el sector con sus adjudicaciones y pedirle que realice una "contratación responsable" de sus servicios.

En primer lugar, medio centenar de personas convocadas por el sindicato USO se han concentrado ante la sede del Gobierno gallego en Santiago para denunciar que los actuales criterios de contratación de la Administración autonómica "convierten los concursos en subastas al precio más bajo".

De este modo, según ha explicado uno de los responsables de la Federación de Seguridad Privada del sindicato USO, Javier Souto, con estos contratos, la Xunta facilita la entrada de empresas "pirata" o de "bajo coste" que "están incumpliendo el convenio colectivo estatal" y "ponen en situación de precariedad al sector".

Estas reivindicaciones también han sido trasladadas por la Federación de Limpieza y Seguridad de UGT-Galicia al PSdeG en una reunión celebrada este miércoles y en la que el diputado Juan Díaz Villoslada se ha comprometido a llevar este asunto a la Cámara gallega.

POR DEBAJO DE LOS PARÁMETROS

Y es que, conforme ha explicado a los medios el sindicalista de UGT Jesús Álvarez tras el encuentro, la licitación que acaba de hacer pública la Xunta para este servicio, en el que trabajan unas 150 personas, "no alcanza los parámetros exigidos para garantizar las condiciones laborales de los trabajadores".

"Este hecho provoca que todas las empresas solventes no se presenten en Galicia porque es una licitación a pérdidas, solo se presentan las empresas de bajo coste que, una vez que entran en los servicios, bajan las condiciones laborales hasta un 30 o un 40%, que es de donde sacan sus beneficios", ha manifestado.

Por su parte, el parlamentario socialista Juan Díaz Villoslada se ha comprometido con los representantes de los trabajadores a llevar este asunto a la Cámara gallega. Así, ha exigido al vicepresidente de la Xunta y conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, Alfonso Rueda, que "suspenda de forma cautelar la licitación".

"Estamos ante una licitación valorada en más de 22 millones de euros en la que no se está garantizando los costes laborales que establecen los convenios colectivos del sector de la vigilancia y de la seguridad", ha indicado.

Por ello, le ha pedido al vicepresidente de la Xunta que "reformule" esta contratación para que "respete la ley de contratación pública" que, como ha señalado, establece que "se respeten los costes laborales que las empresas licitadoras tienen que pagar".

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