El Principado, ha explicado en rueda de prensa, reclama la devolución "por imperativo legal". No obstante, Martínez ha mostrado su disposición a una "interlocución fluida" con la FACC y las corporaciones locales asturianas para que la devolución de los fondos "tenga el menor impacto posible sobre las corporaciones locales".

"Nos habría gustado que la situación fuera distinta, pero el Principado actúa bajo mandato judicial", ha reiterado Martínez. En este sentido, ha dicho que el Gobierno hará "todo lo que esté en su mano" para buscar soluciones e intentar minimizar el impacto para los Ayuntamientos.

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