Desde el Colegio, sostienen que "con su actuación", el instructor "está interfiriendo en el ejercicio del derecho de defensa por parte de la letrada, menoscabando su honorabilidad profesional, y por consiguiente, la del resto de la Abogacía".

Molina solicitó amparo judicial en octubre de 2017 frente a Penalva por varios hechos ocurridos en el marco de dos procedimientos que se siguen en el juzgado de instrucción número 12 de Palma.

La letrada sustenta su petición en varios autos del juez, una declaración del testigo protegido número 29 del caso Sancus/Cursach y la denuncia que dio lugar a un procedimiento en el que este testigo está investigado por un presunto delito de denuncia falsa.

Según se puede leer en la documentación del acuerdo, "se evidencia en su conjunto" que el proceder del instructor "no se compadece con el deber de respeto y consideración debidos a la dignidad profesional" de Molina.

"Además", continúa el escrito, "es susceptible de inquietar en términos objetivos el derecho de la letrada a ejercer la defensa de su cliente con libertad e independencia".