En su resolución, consultada por Europa Press, la oficina que dirige Jesús Maetzu propone facilitar "un marco regulador a nivel local" para el turno de ruegos y preguntas de los plenos ordinarios, que supone una herramienta de "control a la gestión del gobierno municipal".

Asimismo, sugiere que se adopte por los órganos municipales de gobierno iniciativa normativa para la inclusión en el Reglamento Orgánico, o en la normativa de régimen interior existente, de una regulación acordada y consensuada en la asamblea municipal en general sobre derechos estatutarios de los concejales y grupos políticos de la corporación, en el desempeño de sus funciones representativas y, especialmente, en el desarrollo de las sesiones plenarias de control

La Oficina recuerda al equipo de gobierno que tiene el deber de dar cumplimiento a los preceptos constitucionales, legales y reglamentarios incluidos en la parte expositiva de las presentes resoluciones del Defensor del Pueblo Andaluz.

La resolución viene motivada por una petición efectuada por el grupo de IU ante la "dificultad" encontrada para el desempeño de sus labores pues, según exponían, "en el mes de septiembre de 2015 solicitaron una serie de documentos que no se les facilitaba". Asimismo, el grupo señaló que registró una serie de preguntas para su inclusión en el pleno celebrado en el mes de octubre de 2015 que no fueron respondidos a fecha de interposición de la queja.

Preguntado el Ayuntamiento por la Oficina del Defensor sobre estos extremos, la Alcaldía indicó, de acuerdo con la resolución, que era "respetuosa con el derecho de los concejales a obtener información y documentación que obrare en poder de los servicios de la corporación", si bien tras varias respuestas no se llegó a aportar la información señalada al respecto ni los documentos vinculados a inconvenientes eventuales en relación a las peticiones.

Tras trasladar estas cuestiones al grupo de IU, este mismo señaló que había conseguido acceder a la información el 14 de abril de 2016 tras solucionar varios impedimentos, por lo que se solicitaba al Defensor que resolviera sobre los plazos que el Ayuntamiento debe de cumplir a la hora de facilitar información a los concejales de la oposición y la forma en la que esta debe de ser facilitada.

La Oficina del Defensor añade en sus consideraciones que de la documentación aportada se deduce que "con carácter general" el Ayuntamiento facilita respuestas a los ruegos, preguntas y escritos de los ediles pero a su vez constata que "en ocasiones" se hace de manera "incompleta", lo que ha generado "importantes retrasos en el acceso a la información y documentación requeridas"

"La presidencia debe adoptar las medidas necesarias para que estos retrasos e incumplimientos no se produzcan, ya sea utilizando su facultad de responder en la sesión ordinaria siguiente a los ruegos y preguntas que no hayan sido suficientemente atendidos en la sesión precedente, o adoptando las medidas organizativas necesarias para que los requerimientos de información sean atendidos con la diligencia debida por los servicios municipales", apunta el Defensor.

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