Improvisada. Arbitraria. Caótica. Así es como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) califica la respuesta que las autoridades españolas dan a los inmigrantes que llegan al país. En un contexto especialmente crítico, con un 2017 en el que el número de llegadas por mar se triplicó respecto a 2016, y con un 2018 que ha empezado con centenares de personas intentando alcanzar suelo español, la organización considera urgente que se ponga en marcha un plan de acción y un protocolo que unifique esa asistencia a nivel estatal.

"La casuística es enorme. Es una suerte de lotería. Las decisiones que se toman quedan en manos del responsable de turno. Es difícil tratar de explicar a quienes llegan qué va a ser de su futuro y eso genera una inseguridad jurídica que no es de recibo", ha denunciado este martes la secretaria general de CEAR, Estrella Galán, durante la presentación del informe Los muros invisibles tras la Frontera Sur.

Ha sido precisamente ese documento, realizado a través de un profundo análisis de distintos puntos de la costa andaluza, la canaria, Ceuta, Melilla e incluso Marruecos, el que les ha permitido constatar que existe "falta de homogeneidad y coordinación" entre los diferentes actores y en los procedimientos que se siguen.

"Desde que llegan a España, los migrantes y refugiados son puestos a cargo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que tienen graves carencias en la identificación temprana de sus necesidades. Faltan medios materiales y humanos y falta formación. Si no formas a los agentes, a la judicatura, a los abogados de los turnos de oficio... hay divergencias", ha incidido la directora de Políticas y Campañas de CEAR, Paloma Favieres.

Entre sus conclusiones, el informe recoge que en las costas andaluzas, salvo en Málaga, no se proporciona a los recién llegados información adecuada sobre el derecho de asilo. "La falta de solicitudes es una muestra del problema que existe a la hora de acceder al proceso", ha explicado Favieres, quien ha agregado que quienes lo consiguen se topan con la "descoordinación" del Ministerio de Asuntos Exteriores: "Muchas veces las peticiones se tramitan en frontera, con menos garantías que cuando se hace en territorio".

El documento también apunta que en Almería y en Tarifa no se garantiza el derecho de los abogados a entrevistarse con sus defendidos antes de que presten declaración ante la Policía; que en Motril o Algeciras los autos de autorización de internamiento son "autos tipo" redactados con anterioridad a la comparecencia judicial y sin tener en cuenta la situación de cada individuo; que Canarias es una de las zonas en las que no se identifica adecuadamente a los niños no acompañados "vulnerándose su presunción de minoría de edad"; o que en Ceuta y Melilla, los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes están normalmente por encima de su capacidad y se aplican "criterios discrecionales" para realizar traslados a la Península.

La directora de Políticas y Campañas de la comisión ha dado ejemplos concretos de esa arbitrariedad que denuncian con casos como el de los cien inmigrantes llegados a Málaga que han sido trasladados a un polideportivo o el de un grupo de medio centenar de mujeres puestas en libertad tras pasar por el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche, en Madrid, cuando a otras personas "en similares circunstancias" no se les ha permitido salir.

CEAR ha justificado la elaboración de esta investigación en la importancia de la frontera sur española en materia de flujos migratorios. El año pasado llegaron al país por alguna de esas rutas cerca de 29.000 personas. De ellas 22.100, según datos de Acnur, lo hicieron por mar, cifra que supone un aumento interanual del 165%, frente al descenso del 83% que se produjo en Grecia o la caída del 34% en Italia. El trayecto por el Mediterráneo Occidental, que aún se mantiene como el tercero en entrada de migrantes y refugiados a Europa, se está viendo intensificado. Las llegadas a costas españolas supusieron casi el 13% de las registradas por vía marítima al continente, frente al 2% del año anterior.

El número de fallecidos antes de lograr su objetivo se situó en torno a los doscientos, "contabilizados, porque muchos muertos no quedan registrados", ha lamentado Galán. En 2016 fueron 169.

Y a quienes llegan en embarcaciones se suman los aproximadamente 6.800 inmigrantes que entraron por Ceuta o Melilla.

La secretaria general de CEAR ha citado la inestabilidad en los países de origen y tránsito y "la delegación del control de las fronteras en Marruecos" como factores que han provocado el aumento de las llegadas a través de aguas españolas. A ello ha unido los acuerdos que la UE firmó con Turquía y Libia y que han generado que los flujos a zonas griegas e italianas hayan disminuido. "Cuando una ruta se cierra otra, habitualmente más peligrosa, se abre", ha señalado.

Para hablar sobre la situación concreta de Marruecos, en la presentación del informe ha estado la vicepresidenta de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, Khadija Ainani. Las llegadas de marroquíes o ciudadanos salidos del país a las costas de España se han incrementado en los últimos meses, algo en lo que está influyendo considerablemente la represión de las autoridades por las revueltas en el Rif y "el desmantelamiento de campamentos y las numerosas redadas para alejar a los inmigrantes de la zona de Nador". "Marruecos, que se considera el policía que tiene que controlar las fronteras de la Unión Europea, sigue siendo un país donde no se garantizan los derechos", ha criticado Ainani.