Las entidades firmantes han resaltado la "correcta intervención realizada" tanto por la Guardia Civil como por la Policía local de Pedrera en la gestión del incidente; no obstante han manifestado su "profundo malestar y preocupación" ante lo ocurrido ya que se está ante un "ataque xenófobo" hacia toda la comunidad rumana por parte de numerosos vecinos, que "podría constituir un delito de odio".

Ante estos hechos, las entidades han solicitado "que sigan siendo las autoridades públicas las que actúen" y que se evite que los vecinos y vecinas "se tomen la justicia por su mano y puedan agredir o amedrentar a las familias rumanas con el objetivo de expulsarlas del pueblo". "Este tipo de actuaciones no están justificadas y no cumplen con la legalidad", han alegado, al tiempo que han apuntado que en un Estado de Derecho, "corresponde a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y a la Justicia actuar con contundencia ante cualquier hecho delictivo".

Igualmente, han mostrado su "preocupación" por las diferentes concentraciones vecinales que se han producido "pidiendo la expulsión" del pueblo de la comunidad rumana en su conjunto, "asociando y responsabilizando injustamente a toda la comunidad rumana de lo ocurrido", sin tener en cuenta que "hay muchas familias rumanas que llevan viviendo en el pueblo muchos años", que "nada tienen que ver con los hechos acontecidos".

Por último, han concluido el comunicado asegurando que "en un Estado de Derecho la responsabilidad es individual y deben ser la justicia y las fuerzas de seguridad las que actúen contra individuos concretos ante hechos que puedan constituir un delito.

Por eso, han hecho un llamamiento a la responsabilidad de los medios de comunicación para que "informen con objetividad y rigor", evitando "estigmatizar y criminalizar" a determinados colectivos. "Así como a los responsables públicos para que asuman la responsabilidad de la defensa de los derechos de todos los ciudadanos y promuevan la cohesión social y una buena convivencia", han terminado.

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