Tal y como informa la Junta en una nota, de esas prestaciones se beneficiaron en 924 personas, que accedieron a un recurso completamente gratuito ubicado en las sedes judiciales, donde se ofrece un servicio público que facilita apoyo jurídico, social y psicológico a las víctimas de delitos que lo requieran.

El objetivo fundamental de este servicio de la Consejería de Justicia e Interior es ofrecer una respuesta especializada e integral a las necesidades específicas de las víctimas de delitos en todos los ámbitos, mediante una intervención de carácter interdisciplinar. Para ello, cada oficina del SAVA cuenta con un equipo técnico especializado integrado por psicólogos, juristas y trabajadores sociales.

El 72 por ciento de las víctimas que han solicitado la atención del SAVA en el último año en la provincia gaditana son mujeres y, en cuanto a la tipología de los delitos sufridos, la mayoría son torturas y otros delitos contra la integridad moral (24,5 por ciento), contra la libertad sexual (18 por ciento), contra la libertad (14,6 por ciento) y contra las personas (12,9 por ciento).

El perfil medio de la persona usuaria del Servicio de Asistencia a Víctimas refleja que se trata mayoritariamente de una mujer, de entre 30 y 44 años, soltera, con estudios primarios y que ha sufrido un delito de torturas y otros delitos contra la integridad moral. Por contra, el perfil medio del victimario refleja que es un hombre, de 30 a 44 años, ya que el 88 por ciento de los presuntos autores del delito que motiva la asistencia al SAVA son de género masculino.

En las dependencias del SAVA se atendieron el año pasado, además, a un total de 74 menores de edad, 36 niñas y 38 niños, como víctimas también de delitos.

El balance anual de este servicio refleja, igualmente, que el 86,8 por ciento de las personas atendidas en alguna oficina del SAVA presentaron una denuncia ante la Administración de Justicia por el delito sufrido.

La Junta puso en marcha este recurso una vez que en 1997 asumió las competencias en materia de Justicia y actualmente tiene en funcionamiento nueve oficinas, que se encuentran integradas en las respectivas sedes judiciales de las capitales de provincia, junto a otra que presta servicio en Algeciras para atender la demanda del Campo de Gibraltar.

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