Se trata de una iniciativa promovida por el PP en todos los ayuntamientos y diputaciones donde cuenta con representación para defender esta medida legal que "no es una cadena perpetua" ni una "pena definitiva", y que es "habitual" en países como Italia, Reino Unido, Francia, Alemania, Austria, Suiza o Dinamarca.

Así lo ha señalado este lunes el portavoz del Grupo Provincial Popular, Guzmán Gómez Alonso, quien ha defendido la prisión permanente revisable como un "mecanismo" para "compatibilizar la contundencia de la respuesta penal en casos de especial gravedad con la finalidad de reeducación y reinserción de las penas de prisión".

En declaraciones recogidas por Europa Press, Gómez Alonso también ha apuntado que esta fórmula "no tiene nada que ver con el cumplimiento íntegro de las penas", puesto que ambas "son compatibles".

La proposición se organiza en torno a tres puntos, el primero de los cuales apoya la figura de la prisión permanente revisable incorporada al Código Penal, mientras el segundo insta a los diferentes grupos parlamentarios con representación en el Congreso de los Diputados a que reconsideren su postura sobre la derogación y el tercero busca dar traslado de estos acuerdos al ministro de Justicia, Rafael Catalá; a los grupos en el Congreso, Senado y Cortes de Castilla y León, así como a la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

A LA ESPERA DEL TC

En su comparecencia ante los medios, el portavoz del PP en la Diputación ha recordado que estos partidos pretenden la derogación de la prisión permanente revisable sin que se haya pronunciado al respecto el Tribunal Constitucional, al que se elevó un recurso en su día por una posible inconstitucionalidad de la nueva norma.

Guzmán Gómez ha recordado que esta medida, aprobada en época de mayoría absoluta del PP en el Congreso, cuenta con un "amplio respaldo" de la sociedad, con "más de 366.000 firmas recogidas para pedir su mantenimiento" y que es una medida "plenamente democrática y constitucional".

El portavoz también ha puntualizado que se trata de una medida "poco frecuente" aplicable en casos "de extrema gravedad" como asesinatos de menores, violaciones con resultado de muerte o delitos de terrorismo, y aunque ha admitido el impacto en la opinión pública de episodios recientes como la detención del presunto responsable de la muerte de Diana Quer y la presión correspondiente sobre los partidos políticos, ha subrayado que el PP "ha estado siempre del lado de las víctimas" con independencia de sucesos puntuales como éste.