Diecinueve acusados se sientan desde este lunes en el banquillo de la Audiencia Nacional en el juicio que aborda la presunta financiación ilegal del PP valenciano a través de la red corrupta Gürtel en las elecciones autonómicas de 2007 y en las generales de 2008.

Era la época de Francisco Camps, en la que el PPCV arrollaba en las urnas y en la que la trama se infiltró en las instituciones valencianas. Según la investigación, esas campañas fueron abonadas por la red con dinero negro procedente de comisiones de empresarios. Varios de ellos también figuran entre los acusados.

El ex secretario general del PP de Valencia Ricardo Costa ha pedido quedar eximido en el juicio porque el beneficiario de la supuesta financiación irregular sería el partido y no él. Así lo planteó su abogado en las cuestiones previas. El letrado de Costa ha argumentado que, en todo caso, el beneficiario de esa supuesta financiación habría sido el PP, que ni siquiera está acusado a título lucrativo (como en el juicio a la primera etapa de Gürtel), con lo que –a su parecer– no hay delito.

Por su parte, la fiscal Miriam Segura ha anunciado que rebajará su petición de 24 años y medio de prisión para el presunto líder de la trama, Francisco Correa, si continúa colaborando con la justicia. El juez central de lo Penal de la Audiencia Nacional, José María Vázquez Honrubia, encargado de la vista, ha rechazado todas las cuestiones previas planteadas por las defensas, por lo que el juicio seguirá este martes con las declaraciones de los primeros acusados.

Diecinueve personas se sientan en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional, entre ellos cinco excargos del PP, encabezados por Ricardo Costa y el exvicepresidente del Gobierno valenciano Vicente Rambla. La representante del Ministerio Público pide para Costa siete años y nueve meses de prisión, y seis años y medio para Rambla, a quien retiró uno de los delitos iniciales.

El resto de políticos acusados son el exvicesecretario y la exgerente del PPCV David Serra y Cristina Ibáñez, que se enfrentan cada uno a una petición de siete años y nueve meses de prisión, y la exdiputada Yolanda García, para la que la fiscal pide seis meses. Además están acusados nueve empresarios (que han alcanzado un pacto con la Fiscalía tras confesar) y cinco integrantes de la trama, entre ellos los cabecillas, Francisco Correa; su presunto número dos, Pablo Crespo, y el hombre de la red en València, Álvaro Pérez, el Bigotes.

El Gobierno: que acabe y los responsables cumplan sus penas

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha dicho este lunes, sobre el juicio por la supuesta financiación ilegal del PP de Valencia a través de la trama Gürtel, que el Ejecutivo quiere que este caso acabe y que los responsables cumplan sus penas, porque "eso daría tranquilidad a la gente".

Méndez de Vigo, que ha asistido a un desayuno informativo de la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, ha respondido así al ser preguntado por los periodistas por si le preocupa que el juicio que comienza hoy en la Audiencia Nacional salpique al PP.

"Este es un caso que lleva muchísimos años, ya ni recuerdo cuántos, ahí. Está ahí y lo que todos queremos es que acabe y que los que sean responsables según los tribunales cumplan con sus penas", ha afirmado.

Ha incidido en que el Gobierno y el PP son los primeros que están en contra de "cualquier caso de este estilo". "Por tanto, el que eso acabe me parece un muy buena noticia", ha añadido.

Puig pide responsabilidades al PP

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha exigido al PP que asuma "las responsabilidades políticas que todavía no ha asumido" en el caso Gürtel. "Hay que esclarecer en términos jurídicos lo que pasó y los responsables han de devolver lo sustraído a los valencianos", ha añadido.

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