NC exige una estrategia jurídica para recuperar los 295,6 millones recortados en carreteras en 2015 y 2016

NC exige una estrategia jurídica para recuperar los 295,6 millones recortados en carreteras en 2015 y 2016

Román Rodríguez
Román Rodríguez (PARCAN)
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  • El presidente de NC, Román Rodríguez, ha exigido al Gobierno de Canarias una estrategia jurídica para recuperar los 295,6 millones de euros del Convenio de Carreteras recortados por la Administración estatal "de forma unilateral" correspondientes a las anualidades de 2015 y 2016.

Román Rodríguez ha dicho en una nota que sospecha que, como con los recortes "unilaterales" de Fomento en carreteras, el Gobierno presidido por Fernando Clavijo también renunció a defender los intereses generales de las islas en el conflicto judicial planteado por el Ejecutivo de Paulino Rivero en la pasada legislatura contra la privatización de los aeropuertos canarios.

Estas exigencias fueron planteadas tras "reconocer" el Gobierno de Canarias, después de las explicaciones demandadas por NC, que "no recurrió" los recortes unilaterales de Fomento en 2015 y 2016 en carreteras; un requerimiento planteado por el presidente de los nacionalistas de izquierdas tras la sentencia favorable del Supremo al recurso entablado por el Ejecutivo de Paulino Rivero por la aminoración de 138,46 millones de euros de la anualidad de 2012 del mismo convenio.

Un primer fallo positivo para los intereses generales de Canarias que, en opinión de Rodríguez, puede "repetirse" con respecto a los recortes de la Administración estatal en 2013 y 2014, que también fueron impugnados por Paulino Rivero en la pasada legislatura.

En opinión de Nueva Canarias, ahora el gabinete de Fernando Clavijo tiene la "obligación" de definir una estrategia jurídica frente al Gobierno estatal del PP para que la comunidad recupere los 295,6 millones de euros de 2015 y 2016.

Con estos antecedentes, Román Rodríguez cree que se ha podido "reiterar la misma actitud negligente" del gabinete de Clavijo con respecto a otro de los conflictos judiciales planteados por el Gobierno de Rivero frente a la Administración estatal en la pasada legislatura.

Se refería a la privatización del 49% de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) impugnado en base al artículo 33.13 del Estatuto de Autonomía, que dice que corresponde a Canarias la gestión de sus puertos y aeropuertos de interés general "cuando el Estado no se reserve su gestión directa".

El Gobierno canario, con el apoyo de NC sostenía, según el presidente, que esa gestión directa por parte del Estado no se garantizaba una vez que había pasado a manos privadas casi la mitad del capital social de AENA, por lo que exigía que, al menos, quedaran fuera de la privatización los ocho aeródromos del Archipiélago.

En febrero de 2016, Román Rodríguez explicó que el Supremo rechazó este recurso tras alegar que las previsiones del Estatuto no impedían al Estado vender parte del accionariado de la citada empresa. No obstante, el líder de la izquierda nacionalista hizo hincapié en que el tribunal dejó una "puerta abierta" al señalar que, una vez privatizado el 49% del gestor aeroportuario, el Gobierno canario "podría demandar que se le transfiera" la gestión de los aeropuertos canarios.

Rodríguez preguntó al Ejecutivo de CC si ejerció, en este caso, la "defensa" de los intereses de las islas, "posible a través de otro procedimiento distinto" al del acuerdo del Consejo de Ministros, de 23 de enero de 2015, por el que se autorizó la enajenación de hasta un 49% de las acciones de AENA mediante oferta pública de venta (OPV).

En su condición de portavoz parlamentario, recordó que, cuatro meses después de que Fernando Clavijo formara su primer gobierno en esta Legislatura, el Parlamento con la excepción del PP le mandató negociar con el Estado la "viabilidad" económica y jurídica de la recuperación pública del capital de AENA hasta ahora privatizado, así como a que "no se proceda a efectuar ninguna iniciativa más de privatización de los aeropuertos por las graves consecuencias que esto puede acarrear para la economía de las islas".

Román Rodríguez reiteró que este caso fue "una agresión contra nuestros intereses sin precedentes" en la etapa democrática del Estado. "Siempre rechazamos esta privatización y seguimos defendiendo que tenemos que reclamar la cogestión de unas infraestructuras capitales para Canarias", una opinión que ha sido plasmada en una enmienda parcial en la reforma de los aspectos económicos del Régimen Económico y Fiscal (REF), que se tramita en el Congreso de los Diputados, recordó el presidente de NC.

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