La diputada del PP Mª José Ferrer San-Segundo
La diputada del PP Mª José Ferrer San-Segundo PPCV

Así lo ha explicado este sábado la portavoz de Justicia del grupo 'popular', María José Ferrer-San Segundo, quien ha señalado de que se trata de una propuesta que está recogida en otros ordenamientos del entorno, informa el PPCV en un comunicado.

Ferrer San-Segundo ha recordado que esta pena se introdujo por el Partido Popular en 2015 para delitos graves como "asesinatos especialmente lacerantes, genocidios, delitos de lesa humanidad, terrorismo y crímenes dolosos acumulados a agresiones sexuales, con agravante cuando la víctima sea menor de 16 años o se trate de una persona especialmente vulnerable". Ha lamentado que "el PSOE, Podemos, Compromís y grupos nacionalistas como ERC o Bildu, con la abstención activa de Ciudadanos, quieran derogarla de plano y en caliente".

En este sentido, ha recalcado que "son estos grupos y no el PP quienes han abierto el debate", pero, según ella, "no para hacer propuestas de mejora o remedios complementarios, sino para liquidar el sistema legal vigente."

"Teniendo en cuenta -ha proseguido la portavoz de Justicia- que estas previsiones legales vienen, por lo demás, alineadas con la demanda social, y no solo, aunque también, de asociaciones de víctimas y familiares". A su juicio, "resulta incoherente que en un momento en que se reitera que hay que escuchar a la calle, se descalifique en este tema la posición de una buena parte de la sociedad, tachándola de inmadura, vengativa, infundada, o sin capacidad para discernir".

EVITAR REINCIDENCIAS

El grupo 'popular' también pide en su propuesta el impulso de la mejora de la legislación penal y penitenciaria, profundizando en medidas sobre el cumplimento efectivo de las condenas para hacer frente a la peligrosidad.

La PNL defiende la necesidad de "perfeccionar el sistema de manera que, respetando los principios constitucionales del penado, sean justas respecto del daño causado a las víctimas, además de garantes para la seguridad de la sociedad, a fin de evitar reincidencias previsibles lesivas para el bien común."

Para ello, el PP propone una batería de medidas que no se limitan a la cuestión de la pena, como medios técnicos, materiales y humanos para profundizar en los mecanismos de evaluación de riesgos, reportando garantías procesales a los condenadas para protegerlos contra decisiones arbitrarias y dar al tiempo seguridad jurídica a la sociedad; intensificar los cursos y actividades de resocialización, reeducación y reinserción del penado. o perfeccionar los métodos de valoración por el juez en cada caso concreto respecto a los efectos de la excarcelación, entre otros.

Los 'populares' proponen así garantizar que los crímenes de máxima gravedad y los pronósticos individualizados desfavorables de reinserción, tengan "un reflejo legal en la determinación de las penas, las clasificaciones al tercer grado de tratamiento penitenciario, los permisos de salidas extraordinarios, ordinarios o de fin de semana, las suspensiones de condena o las excarcelaciones anticipadas a su cumplimiento".

Igualmente, los pronósticos individualizados desfavorables de reinserción "deben tener, sin perjuicio de la mejora del sistema a que también alcanza esta iniciativa, un reflejo legal, en la determinación de las penas, las clasificaciones en tercer grado de tratamiento penitenciario, los permisos de salidas extraordinarios, ordinarios o de fin de semana, las suspensiones de condena o las excarcelaciones anticipadas a su cumplimiento, tal y como lo tienen en otras democracias consolidadas".

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