Jornada Mar Menor
Jornada Mar Menor PROEXPORT

Proexport reclama a los grupos políticos no extender las medidas de protección del Mar Menor más allá de la Zona 1, denunciando "la falta de rigor científico" de varias propuestas de la oposición y el daño "irreversible" que causarán a agricultura en el Campo de Cartagena.

"A pesar de la lejanía de sus explotaciones y su prácticamente nula incidencia al Mar Menor, a los agricultores de Fuente Álamo, Corvera o Sucina se les pretende imponer las mismas y duras restricciones para cultivar que ya afectan a los de Los Alcázares, San Javier o Los Belones", ha señalado el vicepresidente de Proexport, Javier Soto.

Según la Asociación de productores y comercializadores hortofrutícolas, así será si como pretenden los grupos de la oposición (PSOE, Ciudadanos y Podemos) el próximo lunes aprueban la extensión a todo el Campo de Cartagena de las medidas ya contempladas para la zona 1, la más cercana a la laguna, en la ponencia de reforma del decreto ley de Medidas Urgentes para la Sostenibilidad Ambiental del Mar Menor.

En este sentido, desde Proexport reclaman "coherencia y responsabilidad" a todos los grupos de la Asamblea Regional para no extender las medidas más allá de la zona 1 "y evitar lo que más parece una caza de brujas", que "los productores a los pies de la Sierra de Carrascoy tendrían que implantar setos en los lindes de sus parcelas, al igual que ya hacen quienes están situados a 100m del Mar Menor".

Y es que, explica en comunicado de prensa, la enmienda nº 16.673 así lo dispone, y a pesar de las reiteradas quejas de los productores agrícolas, esta modificación lleva camino de aprobarse el próximo lunes. Otro tanto sucede con el requisito de modificar los sistemas de riego por gotero, para adaptarlos a las curvas de nivel.

Especial impacto tendría la obligación de destinar el 5 por ciento de la superficie de cada parcela a sistemas de retención de nitratos (enmienda 13.669), una medida que Proexport cifra en un coste de entre 486 y 547 millones de euros para el conjunto de la extensión propuesta, "pues obligaría a dejar sin producir 6.077 hectáreas y que pagarían por entero los agricultores: el mayor impuesto medio ambiental que jamás se les haya aplicado".

ALEGACIONES Y PROPUESTAS NO ESCUCHADAS

PROEXPORT recuerda que presentó a los grupos políticos en agosto y de nuevo en diciembre un "completo y riguroso" dossier de alegaciones a 27 de las 43 enmiendas presentadas por la oposición, advirtiendo de graves errores técnicos y proponiendo alternativas para asegurar la sostenibilidad del entorno agrícola del Mar Menor.

"Dicen que nos han escuchado pero lo cierto es que no han demostrado suficiente sensibilidad hacia las propuestas racionales y sostenibles que vienen del sector agrario. Pedíamos responsabilidad, nada más. Si no lo remedian el lunes, acabarán endureciendo en extremo un Decreto Ley que toma al agricultor como cabeza de turco de los desmanes que todos los sectores sin excepción han tenido en el entorno del Mar Menor durante décadas", ha señalado Javier Soto.

DAÑO GRATUITO AL SECTOR AGRARIO

La pregunta que Proexport y todo el sector agrario se hace es "si alguien en los partidos políticos ha valorado la repercusión que esto tendrá en la competitividad de nuestros productos y, sobre todo, si servirá para lo que el Decreto Ley pretende: proteger el Mar Menor".

Según Abelardo Hernández, ingeniero agrónomo de Proexport, "no es necesario ser experto para deducir que no puede afectar igualmente al Mar Menor un cultivo que esté a sólo 100 metros de distancia, como otro que esté a 50 Km. Como tampoco tendrá la misma afectación una zona de cultivo situada sobre un acuífero que se encuentra a una profundidad de 20 metros que a 300".

Para Hernández "no es razonable ni se soporta científicamente que en caos tan diferentes tengan que cumplir las mismas medidas de protección, pero las que proponen los grupos de la oposición son iguales. Se causaría con ello un daño gratuito al sector agrario en Campo de Cartagena".

Más grave todavía, añaden las mismas fuentes, son las enmiendas pretenden que las restricciones a la actividad agraria que presenta una zona que ha sido legalmente declarada como "vulnerable a la contaminación por nitratos", se extiendan de igual forma a otras no vulnerables, "en la que ningún organismo público ha estudiado ni valorado la incidencia que tienen las prácticas agrícolas propuestas en la calidad del agua subterránea".

Proexport denuncia que una medida como ésta en particular no se conoce en ninguna otra parte de España, "denota la falta de sensibilidad o de conocimiento técnico agrario de los grupos que la defienden" y por ello les solicita su rectificación "urgente".

APUESTA POR LA SOSTENIBILIDAD RESPONSABLE

El vicepresidente de Proexport enfatiza que "el Mar Menor es de todos, incluidos los productores agrícolas en Campo de Cartagena, su estado nos preocupa como al que más y por eso adoptaremos todas las medidas obligatorias y voluntarias que sean necesarias. Lo que nos parece una irresponsabilidad absoluta es pretender imponer ciertas medidas que nadie garantiza que funcionen, que supondrán un sobrecoste muy importante a los productores y que, además, quieran hacerlo en toda la superficie del Campo de Cartagena por igual, sin siquiera ser capaces de diferenciar según el grado de afección que cada zona tiene".

Los efectos de estas enmiendas, por aprobar, se sumarán a los provocados por otras, ya aprobadas. Es el caso de la nº 13.671, que prohíbe la mayoría de los fertilizantes nitrogenados existentes, autorizando, única y exclusivamente aquellos que contengan inhibidores de la nitrificación, cuando no hay ningún estudio independiente que permita asegurar que el uso de estos abonos aporta alguna ventaja medioambiental a medio o largo plazo. Lo que sí es seguro es que limitará en extremo los fertilizantes disponibles para cultivar desde los Alcázares hasta Cuevas de Reyllo e incrementará inevitablemente los costes de producción.

Para Proexport no sólo la oposición sería responsable de lo que pase, recordando que el Gobierno regional fue quien elaboró el Decreto Ley que ahora se está reformando y ya en su día recibió alegaciones del sector "que sólo atendió de forma muy parcial".

Finalmente, recuerda que se hizo con prisas y en una situación de elevada crispación social, pero en él se incluyeron dos regímenes sancionadores que según Proexport presentan una grave inseguridad jurídica para los productores agrarios.

Pone como ejemplo que es sancionable económicamente el "incumplimiento del código de buenas prácticas agrarias", un documento de 24 páginas de un complejo carácter técnico, elaborado originariamente como para actuar como guía voluntaria y, por tanto, repleto de expresiones como "resulta adecuado", "deseable", o "en la medida de lo posible" que abren la puerta a la interpretación y subjetividad de la Administración o de cualquier posible denunciante. Llamativo es también que prohíbe usar agua con más de 3dS/m de conductividad, una calidad de agua muy deseada por todo agricultor, pero extremadamente escasa en la Región de Murcia.

En conclusión, a los efectos del Decreto Ley de protección del Mar Menor, hay que sumar las modificaciones ya aprobadas por la oposición (obligación de uso de abonos con inhibidores de la nitrificación). Sobre las que quedan por aprobar el lunes, Proexport hace un llamamiento a los cuatro grupos de la Asamblea Regional "para no cometer el grave error de extender las medidas obligatorias a todo el Campo de Cartagena".

Así aboga por "trabajar proactivamente junto con el sector en la difusión de las buenas prácticas agrarias y medidas voluntarias de sostenibilidad".

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