El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aceptó ayer la posibilidad de debatir si es necesaria la ampliación de la actual ley del aborto. Varios miembros del PSOE, la mayoría mujeres, plantearon la necesidad de que exista una ley de plazos en el transcurso de una reunión que mantuvo ayer la ejecutiva del partido.

Tras las detenciones de responsables de clínicas  donde se practican abortos en Barcelona y Madrid, la secretaria de Igualdad del PSOE, Maribel Montaño, puso ayer sobre la mesa la opción de incluir en el programa electoral un cambio de legislación. Dijo que, tras 22 años de vigencia de la actual ley, era necesario promover alguna modificación para llegar a una ley de plazos.

Un debate necesario

A la reflexión de Montaño se sumaron otros miembros de la ejecutiva como la secretaria de Estado de Cooperación, Leire Pajín, o el secretario general de los socialistas canarios, Juan Fernando López Aguilar.

La idea fue compartida por Zapatero, quien señaló que el programa electoral del PSOE debería incluir algún tipo de consideración sobre este asunto, aunque no concretó en qué sentido debería ir el cambio, ya que cree que antes debe realizarse un análisis profundo de la ley y un estudio sobre si realmente es necesario modificarla.

En las próximas semanas, el Gobierno fijará una posición al respecto, según señalaron ayer fuentes del PSOE. Además, dichas fuentes aseguraron que caben diversas fórmulas para remodelar y ampliar los tres supuestos de la ley vigente.

El Gobierno ya incluía en el programa electoral de 2004 una referencia a cambiar la legislación vigente. En la lista de actuaciones se dedicaba un punto a la reforma «del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo para adoptar un sistema de plazos».

Lo acababan de rechazar

Sin embargo, en agosto de 2004, el presidente rechazó iniciar cualquier reforma en este sentido, Izquierda Unida ha intentado sin conseguirlo,  a través de varias iniciativas parlamentarias, que el PSOE cumpliera su promesa. Hace 15 días, los socialistas descarataron cualquier ampliación para no molestar a los sectores conservadores.

El sistema de plazos, vigente en otros países europeos, dispone que se pueda interrumpir el embarazo dentro de un determinado periodo de tiempo –suele ser de 12 ó 14 semanas– sin ninguna limitación.

El 97% de las interrupciones de embarazo que se hacen en España se realiza en clínicas privadas, mientras que sólo un 3% se lleva a cabo en hospitales públicos, por las restricciones de la ley.

Ley de plazos en Europa

Muchos países europeos tienen una ley de plazos para regular la interrupción voluntaria del embarazo. Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Portugal, Grecia, Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Letonia, Lituania, Hungría y la República Checa admiten esta práctica. Así, se puede abortar en un plazo de tiempo  sin que las mujeres tengan que acogerse a ningún supuesto. En la mayoría de los Estados que se rigen por plazos, la ley permite interrupciones en casos específicos en semanas muy avanzadas.

¿Cuándo es legal el aborto?

Por una violación.- Cuando el embarazo sea consecuencia de un delito de violación. El aborto se deberá practicar dentro de las 12 primeras semanas de gestación.

Taras físicas del feto.- Cuando el feto tenga graves taras y siempre que el aborto se produzca en las 22 primeras semanas. Hace falta el dictamen de dos médicos.

Peligro para la madre.- «Que sea necesario para evitar un grave peligro para la vida o la salud de la madre». No hay limitación temporal. El 96% de los abortos se amparan en este tercer aspecto.

Siete detenidos más en la clínica de Barcelona

Segunda fase de la operación contra los abortos ilegales. Siete médicos fueron detenidos ayer en la segunda fase de la operación contra la red de abortos ilegales que dirigía Carlos Morín –detenido a finales de noviembre– en Barcelona. Los arrestados son dos psiquiatras, dos anestesistas y tres ginecólogos, acusados de asociación ilícita, aborto ilegal y falsificación documental.

La mayoría de los detenidos eran colaboradores externos que se encargaban de que la actuación ilegal de esta red no fuera descubierta.