Así, han señalado que "el gran grueso de la deuda histórica socialista acabó con la gestión del PP (2011-2015)", pero "quedaron pendientes algunos procesos judiciales por los que todavía hay empresas pendientes de cobrar lo que la administración socialista nunca les pagó".

En concreto, han puesto el ejemplo de una mercantil que lleva siete años litigando contra el Ayuntamiento "y que va a percibir próximamente 350.000 euros de dinero de todos los mijeños porque los gobiernos socialistas (de entre 1979 a 2011) no le pagaron en tiempo y forma".

Según el PP esta información "ha trascendido en un acta de la junta de gobierno local del pasado 18 de octubre que viene a decir que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia ha ordenado al Consistorio abonar a una empresa 240.272,07 euros de principal y 115.802,92 euros de intereses por unos servicios que prestó entre los años 1997 y 2010, cuando gobernaba en solitario el PSOE".

En este sentido, han precisado a través de un comunicado que se trata de un pleito que comenzó en 2011, antes de la llegada del PP al gobierno municipal, "en reclamación de facturas por la extracción de áridos en las canteras mijeñas entre los años 1997 y 2010", recordando que la intención del ejecutivo del entonces alcalde Ángel Nozal "era incluirla en el plan de pago a proveedores, por el que se pagaron más de 23 millones de euros de facturas pendientes, pero no se pudieron abonar al estar inmersas en un proceso judicial".

"La mercantil ganó en primera instancia, el Consistorio recurrió y, finalmente, en un decreto de septiembre de 2017, Juan Carlos Maldonado ordenó no recurrir la decisión del TSJA, dando por bueno el consejo del asesor jurídico municipal", han afirmado, añadiendo que "podría haber sido mucho peor, pues la empresa reclamaba 703.000 euros en facturas que ya figuraban en el Ayuntamiento como aceptadas más los correspondientes intereses de demora".

No obstante, según el PP de Mijas, "el juez del tribunal andaluza las ha declarado prescritas, ya que entre que, en muchas ocasiones ha pasado más de una década entre que fueron emitidas y el juez dictó sentencia", ha concluido.

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