Su coordinador, Juan Antonio Fuentes, ha resaltado en una nota que se trataría de "un gravísimo caso de utilización de recursos públicos cuyo único fin sería hacerle daño al PP".

Fuentes ha hecho hincapié en la ilegalidad de esta práctica y se ha referido a lo expuesto en el artículo 441 del Código Penal, que recoge para esta clase de situaciones penas de multa de seis a doce meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de dos a cinco años .

Este partido entiende que es "inaplazable" la investigación de este caso "y su depuración, con todas las consecuencias que puedan conllevar", en el caso de que se demuestre la comisión de un hecho sancionable.