El alcalde, Óscar Puente, consulta un documento durante el Pleno de este martes
El alcalde, Óscar Puente, consulta un documento durante el Pleno de este martes AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

El acuerdo ha sido resultado de la puesta en común de sendas mociones que presentaban al Pleno el Partido Popular, por un lado, y PSOE, Valladolid Toma la Palabra y Sí Se Puede, por otro.

Al comienzo de la sesión plenaria, primera del año y correspondiente al mes de enero, el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha explicado que se había llegado al acuerdo y ha leído los ocho puntos del acuerdo que se plantean para una negociación del Gobierno con los agentes sociales, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y los grupos parlamentarios de las Cortes Generales.

Así, los grupos municipales del Ayuntamiento de Valladolid han acordado instar al Gobierno de España a que estos presupuestos permitan una correcta financiación que "garantice el acceso universal a unos servicios de calidad e igualdad de oportunidades", así como una reforma fiscal que garantice el principio de progresividad.

También se reclama el refuerzo de los servicios públicos, como enseñanza, servicios sociales y dependencia, suministro de agua, servicios de atención al público, I+D+i, para "mejorar la calidad de vida, la cohesión social, dinamizar la economía y generar empleo".

Igualmente se demanda un aumento en las inversiones públicas, que permitan un avance en la construcción de infraestructuras que, "además de generar empleo, garantizan la cohesión social y territorial", según recoge la moción.

Por otro lado, el texto también plantea modificar las limitaciones en las prioridades de gasto e inversión que afectan a las administraciones locales y la flexibilización de las limitaciones a la creación de empleo público en las administraciones locales y la tasa de reposición, que permita a ayuntamientos como el de Valladolid ofertar nuevas plazas de empleo público, para "recuperar los empleos perdidos desde el 2012".

Asimismo, la moción propone el desarrollo del Estatuto del Empleado Público y la promoción de negociación colectiva "real" en cada administración con sus empleados públicos y, por último, que se contemplen cláusulas sociales obligatorias en la contratación pública, que garanticen "la eficiencia y transparencia" del servicio, así como el empleo, las condiciones laborales y la subrogación de las personas trabajadoras.

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