Amigos de la alcazaba para reivindicar el Yacimiento de 'El Chuche'
Amigos de la alcazaba para reivindicar el Yacimiento de 'El Chuche' EUROPAPRESS/AMIGOSDELAALCAZABA

El Consistorio ha comunicado al Juzgado de Instrucción 1 de Almería, que instruye diligencias penales para dirimir si se produjo un delito contra el patrimonio en la actuación llevada a cabo por Fomento, que no consta, asimismo, ninguna solicitud de información previa con respecto a las parcelas donde se actuó y que están calificadas como suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica, zona arqueológica de El Chuche.

Así consta en el oficio consultado por Europa Press, en el que se adjunta un informe técnico elaborado por el Área de Asistencia a Municipios de la Diputación Provincial y referente a la información urbanística de las parcelas 16 y 19 del Polígono 5 de Benahadux.

El citado informe concreta que las dos parcelas sobre las que se hizo movimientos de tierra tiene especial protección por su carácter de yacimiento arqueológico excepto en el extremo oeste y en el sur, donde está considerada monte público.

Cabe recordar que la Junta de Andalucía ya informó al juzgado instructor que existían "hitos de señalización en el área sobre la que se realizaron los vertidos de tierra" dentro de la zona arqueológica" y remarcaba que le no constaba, una vez consultados los archivos de la Delegación Territorial, ni una "solicitud de autorización" ni "comunicación por escrito para realizar las actuaciones en la zona ni proyecto de actuación en dicho ámbito".

No entraba, sin embargo, a valorar el alcance de "los daños ocasionados" a la zona arqueológica de El Chuche por la realización de obras en la N-340 al haberse detectado deficiencias en el informe que presentó el director de la actividad en la Delegación Territorial, por lo que comunica al juzgado que la aportará una vez que se presente la documentación oportuna subsanada y se realice la "recepción de trabajos" por parte de la Junta.

El Juzgado de Instrucción 1 de Almería acordó nombrar un perito judicial experto en arqueología para que procediese a realizar un estudio arqueológico "independiente, objetivo e imparcial" sobre los daños.

CUATRO INVESTIGADOS

En el marco del procedimiento hay cuatro investigados cuyas declaraciones se han señalado para los días 16 y 17 de enero. Son un técnico de la Demarcación de Carreteras en Almería, el jefe de Conservación y Explotación de Carreteras de una de las UTE que intervinieron en las obras, y los responsables de mercantiles que ejecutaron los trabajos en esta zona con el fin de "ocultar un vertedero con la tierra obtenida de un desmonte aledaño", tal y como informó en su momento el Gobierno central en una respuesta parlamentaria al PSOE.

Fue la asociación 'Amigos de la Alcazaba' la que puso los hechos, acaecidos el pasado mes de febrero, en conocimiento del Ministerio Público, que resolvió interponer denuncia al considerar que podrían ser constitutivos de un presunto delito contra el patrimonio histórico, denuncia que ha dado lugar a la apertura de la vía penal para depurar posibles responsabilidades.

Según las estimaciones iniciales del colectivo conservacionista, los trabajos supusieron "el desmonte y allanamiento de casi 8.000 metros cuadrados" de terreno, y la "invasión de prácticamente los 1.000 metros cuadrados" en los que se localiza este yacimiento arqueológico prehistórico, ibérico, púnico y romano de El Chuche.

En concreto, los trabajos habrían afectado al menos a una tumba tipo Millares de la Edad del Cobre, excavada entre 1971 y 1972 por los investigadores Ochotorena, Perceval y Francisco García 'Pituco' y cuyos materiales arqueológicos guarda el Museo Arqueológico de Almería, de acuerdo a los datos aportados por 'Amigos de la Alcazaba', que ha anunciado que va a solicitar al juzgado la personación como acusación popular para defender la legalidad y la conservación del patrimonio histórico en la provincia de Almería.

YACIMIENTO CUYA EXISTENCIA "DESCONOCÍA"

En una respuesta parlamentaria, el Gobierno aseguró que "desconocía la existencia" de este yacimiento arqueológico y que actuó en esta zona para "ocultar un vertedero con la tierra obtenida de un desmonte aledaño" al tiempo que precisó que los operarios apreciaron en la rotonda junto al Polígono San Salvador "todo tipo de vertidos ilegales, tales como neumáticos usados, restos de hormigón, escombros y otras basuras".

"Con el objetivo de mejorar el entorno de la carretera se consideró conveniente acopiar parte de las tierras procedentes de la excavación sobre el referido tramo residual de carretera que tiene la consideración de terrenos de dominio público", añadió para detallar que se procedió al extendido de las mismas, dándole un pequeño talud hacia la carretera y apoyándose sobre el citado yacimiento sin que se haya producido ningún tipo de daño en el yacimiento arqueológico".

FALTA GRAVE

Por otro lado, la Junta de Andalucía, a través de la Delegación Territorial de Cultura, incoó un expediente sancionador al Ministerio de Fomento por una supuesta "falta grave", tipificada en la Ley de Patrimonio Histórico, al no haber solicitado la autorización "obligatoria" para realizar la obra.

El informe realizado por Cultura daba cuenta de que el aporte realizado en la obra viaria pública al terreno "ha ocultado tanto un tramo del antiguo trazado de la carretera como los taludes por ella generados", de modo que en el antiguo talud situado frente a la rotonda actual "se podía observar hasta la fecha los restos de una estructura arqueológica seccionada por la antigua carretera que correspondían a una tumba en fosa".

No obstante, el texto apuntaba que "no es posible establecer si la estructura arqueológica que se veía en el antiguo talud ha sido destruida o sólo ha quedado sepultada bajo el terreno" por lo que "para determinar el grado de afección concreto debería realizarse una excavación arqueológica de la zona".

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