recientes, tal como ha determinado el equipo de gobierno provincial durante la primera Junta de Gobierno de 2018, presidida por Fernando Rodríguez Villalobos.

La corporación hispalense llevará a su Plenario una propuesta para introducir modificaciones en la exposición de motivos y en el articulado del vigente Reglamento del Servicio de Ayuda a Domicilio, a fin de adaptarlo a la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, y a la Orden de 28 de junio de 2017, por la que se modifica la Orden de 15 de noviembre de 2007, y en la que se establecen dos novedades.

Según informa la Diputación en un comunicado, por una parte, se modifica el sistema de entregas a cuenta y su correspondiente regularización, que pasa de ser semestral a ser mensual; mientras que, por otra, se determina que el coste/hora del servicio será el efectivamente incurrido por la Corporación Local o el abonado a la entidad prestadora, en su caso, con el límite del coste/hora máximo fijado para su financiación.

En la propuesta de acuerdo plenario se incluirá también la exposición del expediente a información pública y audiencia a las personas interesadas por un plazo de treinta días hábiles para la presentación de sugerencias o reclamaciones y que sea el Pleno quien se pronuncie en la resolución de las mismas, si se presentaran, antes de la aprobación definitiva.

El Servicio de Ayuda a Domicilio es una prestación, realizada preferentemente en el domicilio, que proporciona, mediante personal cualificado y supervisado, un conjunto de actuaciones preventivas, formativas, rehabilitadoras y de atención a personas y unidades de convivencia con dificultades para permanecer o desenvolverse en su medio habitual.

El reglamento, que consta de un total de 36 artículos, dos disposiciones adicionales, una disposición final y dos anexos, tiene por objeto regular el Servicio de Ayuda a Domicilio de la Diputación de Sevilla en los municipios incluidos dentro del ámbito de la aplicación del Plan Provincial de Servicios Sociales, los de menos de 20.000 habitantes, así como en las entidades locales autónomas conveniadas. "Instrumento básico de referencia para profesionales y ayuntamientos, su articulado adapta todo lo recogido en la normativa reguladora del servicio en Andalucía hasta la fecha y regula todos los criterios básicos necesarios para la prestación del servicio", añade.

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