El Gobierno de Donald Trump dejará sin protección migratoria a 195.000 salvadoreños a partir de septiembre de 2019, fecha para la que deberán haber abandonado EE UU si no han obtenido otra vía de regularización, pese a que la mayoría vive en el país desde hace al menos 20 años.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció este lunes su decisión de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) otorgado en 2001 a los salvadoreños que estaban en Estados Unidos tras los devastadores terremotos de enero y febrero de ese año, una medida que dio protección migratoria asimismo a otros nacionales de ese país que habían llegado décadas antes (en los años 1980 y 1990), huyendo de la guerra civil y sus consecuencias.

El Gobierno estadounidense justifica la decisión en que "ya no existen las condiciones originales causadas" por los seísmos, la razón por la que se concedió esta protección a 263.282 salvadoreños en 2001, una cifra que ha ido decreciendo hasta los 195.000 actuales.

El ministro de Exteriores salvadoreño, Hugo Martínez, explicó, preguntado por Efe, que la cifra de 263.282 ofrecida inicialmente por Washington era la de los inscritos cuando se otorgó el permiso, y que ha ido decreciendo a medida que algunos lo han perdido o han obtenido otro estatus.

El ministro, que ofreció una teleconferencia desde El Salvador a la prensa en Washington, anunció que su Gobierno trabajará ahora para conseguir que el Congreso de EE UU apruebe una ley que dé protección permanente a estos salvadoreños "antes de marzo de 2019".

Al mismo tiempo, el Gobierno salvadoreño preparará las condiciones para la vuelta de sus nacionales emigrados con programas de empleos y reinserción escolar, aunque su objetivo, insistió el canciller, es que los salvadoreños con TPS puedan quedarse en EE UU. Preguntado por su estimación de cuántos de los 195.000 podrán regularizar su situación por otra vía, el ministro prefirió "no adelantar porcentajes al respecto".

Martínez trató de dar la vuelta a la dura medida tomada por EE UU al presentarla no como una cancelación sino como "una prórroga de 18 meses". Sin embargo, el DHS dejó claro este lunes en su anuncio que con este paso pone fin al TPS al considerar que ya no existen las condiciones de su concesión (los daños de los seísmos) y que El Salvador ya está preparado para acoger a sus nacionales emigrados.

Además, indicó que el plazo de 18 meses trata simplemente de dar un margen para que los afectados puedan tratar de regularizar su situación por otra vía o preparar su vuelta a un país en el que la mayoría no vive hace al menos 20 años.

Preguntado por si se han considerado los altos niveles de violencia y pobreza en el país centroamericano a la hora de tomar la decisión —la razón que alegaban los activistas para pedir su prórroga—, un alto funcionario estadounidense subrayó que solo se han tenido en cuenta los aspectos por los que se concedió el TPS.

"Solo el Congreso puede legislar una solución permanente a falta de un estatus migratorio legal duradero para los que están actualmente protegidos por el TPS", indicó el DHS en su nota, para destacar que tienen los 18 meses de margen para hacerlo.

La organización proinmigrante UnidosUS (antes La Raza), junto a otras del mismo movimiento, urgió en al Congreso a dar "una solución a este error".

Destacados congresistas como el republicano Mario Díaz-Balart y el demócrata Luis Gutiérrez, así como los senadores demócratas Bob Menéndez y Tim Kaine, condenaron rotundamente la decisión del Gobierno y pidieron una respuesta del Capitolio.

En este momento, republicanos y demócratas están enfrascados en negociaciones amplias de política migratoria marcadas por la insistencia de Trump en construir un muro fronterizo con México y la búsqueda de una solución para los jóvenes indocumentados del suspendido programa DACA (Acción diferida para los llegados en la infancia).

El Gobierno de El Salvador, la comunidad salvadoreña en Estados Unidos y activistas proinmigrantes vienen batallando sin descanso en los últimos meses para el mantenimiento del TPS o al menos para su prórroga por seis meses, como Trump hizo con el programa para los hondureños.

Sin embargo, el Ejecutivo decidió aplicar su marcada línea dura migratoria y terminar el programa para los salvadoreños —la comunidad más numerosa protegida por el TPS—, tras haber hecho lo mismo con el beneficio para los nicaragüenses y los haitianos.