Una vez rescindido el contrato en noviembre a la UTE 'Sacyr, S.A.U, Inmobiliaria Rio Vena S.A y Rehabilitación, Construcción, Promoción Nucleo S.A'-, quien con fecha 23 de enero de 2017 pidió la resolución acogiéndose a una cláusula que posibilita esta petición si las obras se paralizan durante más de ocho meses, el titular de Sanidad explica que son ahora los servicios jurídicos de la Junta los que estudiarán la petición indemnizatoria.

"Estamos analizando la obra que queda pendiente", explica Sáez Aguado, en declaraciones recogidas por Europa Press, para añadir que lo que establece la Ley de Contratos es una indemnización equivalente al 6 por ciento de la obra no realizada, que, como así ha anticipado, podría oscilar entre los 500.000 ó los 600.000 euros.