Juicio de los ERE
Los expresidentes José Antonio Griñán (izda.) y Manuel Chaves conversan durante la segunda sesión del juicio de los ERE. JULIO MUÑOZ/EFE

El juicio por la pieza política del caso de los ERE, en el que están procesados 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos los expresidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán, se ha reanudado este martes con la exposición de las cuestiones previas por parte de las acusaciones y las defensas.

Las defensas han alegado contra la acusación que ejerce el sindicato Manos LimpiasLa sesión de este martes ha comenzado con la intervención del letrado del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, quien en nombre de las defensas ha planteado su rechazo a la personación como acusación popular del sindicato Manos Limpias al considerar que su presencia supone un "ejercicio de mala fe" y "abuso del derecho" debido a la imputación de su secretario general, Miguel Bernand, en el proceso de la Audiencia Nacional por presunta extorsión junto con el líder de Ausbanc Luis Pineda.

Posteriormente, la representación del PP-A ha solicitado entre sus cuestiones previas que testifique la actual presidenta de la Junta, Susana Díaz. Según los populares, de las declaraciones de la presidenta y del contenido de sus "comparecencias públicas" se deduce que Díaz tiene un "amplio conocimiento" de los hechos investigados.

Además, el PP de Andalucía recuerda que "durante el mandato" de Susana Díaz como consejera de Presidencia fue promulgado un decreto para la convalidación de las ayudas extraordinarias concedidas para la prejubilación de trabajadores afectados por empresas en crisis.

Igualmente, el PP andaluz ha solicitado entre sus cuestiones previas que testifique también la exconsejera de Presidencia y actual senadora socialista María del Mar Moreno --que figuró tiempo atrás como imputada ante el Tribunal Supremo por los hechos en cuestión-- por el "amplio conocimiento" demostrado respecto al asunto.

En la misma línea, la representación del PP-A ha pedido que comparezca como testigo el actual consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, porque como alcalde de Chiclana de la Frontera (Cádiz), el Ayuntamiento que encabezaba fue beneficiario de una de las ayudas concedidas en el marco del procedimiento investigado.

Griñán pide anular la instrucción

Por su parte, la defensa de Griñán ha reclamado como cuestión previa la nulidad de las actuaciones de instrucción del juez de refuerzo Álvaro Martín, al considerar vulnerado el derecho al juez predeterminado por la ley o "juez natural" que consagra el artículo 24.2 de la Constitución Española.

José María Mohedano, abogado defensor de José Antonio Griñán y del ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano, ha protagonizado durante la sesión de este martes una prolija intervención, en torno al nombramiento del juez Álvaro Martín como juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, encargado de la investigación de los hechos elevados ahora a juicio.

En ese sentido, el abogado defensor de Griñán y Lozano ha rememorado que allá por 2013, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) concedió una comisión de servicio para que el citado juez actuase como "refuerzo" o "apoyo" en el juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, entonces comandado por la jueza Mercedes Alaya, instructora inicial de todo lo relativo a la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, canalizada en subvenciones para expedientes de regulación de empleo supuestamente fraudulentos y ayudas directas y presuntamente arbitrarias.

La mencionada comisión de servicios, según la defensa de Griñán, se ceñía entonces a "unos términos muy concretos" que no habrían coincidido "para nada" en las asignaciones que obtuvo Álvaro Martín en su "nuevo nombramiento" de diciembre de 2015, tras el cual estuvo encargado de instruir la pieza del caso correspondiente al procedimiento específico por el que se concedían las ayudas.

Allá por diciembre de 2015, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) aprobó el plan acordado por la jueza María Núñez Bolaños, sucesora de Alaya al frente del Juzgado de Instrucción número seis, y Álvaro Martín como magistrado en comisión de servicio, para que este último asumiese la tramitación de las seis piezas en las que Núñez había dividido el macro caso de los expedientes de regulación de empleo, entre ellas la pieza correspondiente al procedimiento específico. 

Dicho acuerdo no implicó una mera "prórroga" de Álvaro Martín como juez de refuerzo o apoyo en el juzgado de instrucción número seis de Sevilla, según Mohedano, sino que supuso unas atribuciones "completamente distintas" para este magistrado.

Como consecuencia de ello, ha mediado según el abogado defensor una vulneración del derecho al juez predeterminado por la ley o "juez natural" que consagra el artículo 24.2 de la Constitución Española, incurriendo en buena medida en una "designación ad hoc" del juez Álvaro Martín. Se trata, según Mohedano, de algo más allá de una mera "irregularidad" procesal que implica toda una "transgresión" de un "derecho fundamental" de la Constitución Española, en alusión al derecho al "juez natural". 

Incluso ha alertado de que con el acuerdo de diciembre de 2015 se habría designado para esta causa "al juez contrario que dice la Ley", avisando de que Álvaro Martín no habría gozado de "legalidad en sus funciones reales de instructor" a cuenta de este extremo.

Es por ello que la defensa de Griñán y Lozano ha reclamado a la sala que se declare vulnerado el derecho al "juez natural predeterminado por la Ley" que estipula el artículo 24.2 de la Constitución Española, y que por ende se declaren "nulas" las actuaciones instructoras de Álvaro Martín desde enero de 2016, cuando comenzó a instruir la pieza judicial ahora elevada a juicio.

Nuevo suspenso temporal

Tras la presentación de las cuestiones previas, el tribunal, presidido por el magistrado Juan Antonio Calle, suspenderá de nuevo las sesiones temporalmente para deliberar y decidir sobre las peticiones de las partes.

Se prevé que la inclusión del delito de asociación ilícita por parte del PP —que ejerce la acusación popular— o la personación en la causa de Manos Limpias —también como acusación popular— sean algunas cuestiones previas planteadas por las defensas.

El fiscal, quien en su día propuso la división en piezas de la macrocausa que realizó la jueza Núñez, puede buscar que en este juicio se vean algunas de las ayudas concretas cuya instrucción ya ha terminado y han sido remitidas a la Audiencia para su enjuiciamiento, después de que esta haya dictado varios autos sacando del procedimiento a responsables políticos, como el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, al considerar que no pueden ser juzgados dos veces por los mismos hechos.

La defensa de la exconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, también ha anunciado que pedirá que los acusados sean los últimos en declarar, una vez oídos la docena de peritos y los más de cien testigos, petición a la que se adherirán otras defensas y que la ley permite, aunque lo habitual es que los procesados sean los primeros en responder a las preguntas de las partes.

Cabe recordar que la Fiscalía pide entre 6 y 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación para 15 acusados —entre ellos Griñán— por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, y 10 años de inhabilitación para otros 7 acusados —entre ellos Chaves— a los que sólo imputa un delito de prevaricación.

Se les acusa de crear o mantener un "procedimiento específico" por el que entre 2001 y 2011 la Junta repartió 854 millones de euros en ayudas públicas sociolaborales de forma "arbitraria" y "sin control".

Después de que las tres primeras sesiones del juicio en la Audiencia de Sevilla los días 13, 14 y 15 de diciembre se consumieran en la lectura de los escritos de acusación y de defensa que las partes elevaron al tribunal hace un año, lectura que causó controversia por tratarse de un trámite que se suele obviar al darse las partes por informadas de los hechos que se enjuician, aún habrá que esperar varias sesiones para escuchar a Chaves, Griñán y el resto de acusados responder al interrogatorio.

Al consumirse las tres jornadas inicialmente previstas para la exposición de las cuestiones previas, y ante la imposibilidad de cuadrar agendas con todos los letrados personados para fijar nuevas sesiones antes del 9 de enero, será este día cuando comiencen a exponerse.

La anécdota de la jornada

El expresidente de la Junta Manuel Chaves y el del Real Betis Balompié Manuel Ruiz de Lopera han coincidido este martes en los pasillos de la Audiencia de Sevilla, donde se saludaron antes de comparecer en los juicios en los que ambos están imputados.

Según ha podido comprobar EFE, Manuel Ruiz de Lopera, al que se juzga en la Audiencia por un presunto delito de apropiación indebida durante su gestión al frente del Real Betis Balompié, se levantó del banco en el que estaba sentado en la planta cuarta del edificio para saludar a Chaves en el momento que llegó el expresidente. Lopera se acercó a Chaves y le tendió la mano y se limitó a saludarle, pero no intercambiaron palabra alguna.

Chaves y Lopera se saludan en la AudienciaPese a la presencia de numerosos medios gráficos, de esta escena no hay ninguna fotografía, ya que no está permitido por el tribunal andaluz difundir imágenes tomadas en los pasillos del edificio judicial.

Se da la circunstancia de que la sesión de este lunes del juicio contra Lopera se celebró en la sala en la que se está desarrollando el de los ERE falsos, por lo que al reanudarse este martes este último, la vista contra el expresidente verdiblanco ha tenido que ser trasladada a una sala contigua pero dentro de la misma planta.

El expresidente del Betis llegó andando a la Audiencia de Sevilla alrededor de las 9.30 horas mientras que Chaves lo hizo unos veinte minutos después, aunque llegó en coche a las puertas del edificio, en medio de una gran expectación mediática.

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