Ciudad de la Justicia de Valencia
Ciudad de la Justicia de Valencia EUROPA PRESS

En el procedimiento había también otro ex primer edil encausado, Antonio Polo (primero del PSPV y luego de Units per Montroi), pero falleció hace más de un año tras una enfermedad. Así, de los 18 procesados, uno ha fallecido y otro está en búsqueda -el constructor-, con lo que solo podrá juzgarse a 16 acusados.

A los procesados se les atribuyen presuntos delitos de estafa, contra la ordenación del territorio, falsificación documental, cohecho y falsificación de certificación.

Inicialmente el ministerio fiscal solicitaba una pena de 16 años de cárcel para Francisco Javier Carrión, mientras que para el resto de procesados reclamaba entre dos y 13 años de cárcel por diferentes delitos de estafa, contra la ordenación del territorio, falsedad en documento público y oficial, prevaricación administrativa o cohecho, entre otras.

Sin embargo, antes del juicio, ha habido varias negociaciones entre el ministerio público y los letrados de los acusados y habrían llegado a conformidades que previsiblemente ratificarán en la vista. En total, 15 acuerdos, lo que conllevará rebajas de penas.

La investigación de la causa se centró sobre la construcción de viviendas unifamiliares aisladas y en suelo no urbanizable o rústico en las partidas de Las Palomas; Pla Galán; Los Corrales; L'Hospitalet; y Les Valletes. Las viviendas carecían de autorización y estaban ejecutadas al margen de los procedimientos legalmente establecidos.

En concreto, de las diligencias practicadas se ha constatado -según indicó el juez instructor- la existencia de "indicios razonables" de delito en la ejecución de las obras de construcción de un total de 114 viviendas unifamiliares, de las que 62 se encuentran ubicadas en la Urbanización Las Palomas, por contravención de las disposiciones reguladoras de la ordenación del territorio.

200 VÍCTIMAS

A los ciudadanos -hay unas 200 víctimas-, mayoritariamente extranjeros, se les vendía la propiedad exclusiva de una parcela, perfectamente identificada y aparentemente independiente y delimitada por cuatro puntos cardinales, cuya concreta ubicación se mostraba según un plano particular de la urbanización ya terminada y completamente parcelada.

Para la construcción de las viviendas se exhibían unos modelos de edificación estandarizados. Así mismo, se presentaban las villas con las dotaciones y servicios públicos esenciales, valiéndose además de diversos reclamos como la construcción de un lago, un campo de golf, un centro comercial, una comisaría de policía y un hotel que ni siquiera consta que se hubieran proyectado.

Sin embargo, en realidad, las fincas rústicas de las que derivan las parcelas eran indivisibles y no habrían sido objeto de procedimiento previo alguno, pues seguirían formando parte de la finca registral. Carecían de la preceptiva licencia de parcelación o de la declaración de innecesariedad municipal.

Como consecuencia, ni todos los perjudicados tienen vivienda, ni todos los que la tienen lograron que la misma se correspondiese con la que aparecía documentada en el contrato privado.

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