En una entrevista con Europa Press, Fernando Rodríguez Villalobos ha abordado el debate político suscitado en torno a la nueva fórmula implantada por la Junta de Andalucía, para transferir a las administraciones locales los fondos asociados a los servicios de ayuda a domicilio, encuadrados en la Ley de Dependencia.

En ese sentido, el PP y otras fuerzas de oposición han venido denunciando que el nuevo método obliga a los ayuntamientos a afrontar por adelantado los costes de este servicio financiado entre las administraciones central y autonómica, pero contratado a través de las corporaciones locales.

Según los populares, la nueva orden de la Junta de Andalucía que regula los pagos a los ayuntamientos por la financiación del servicio de ayuda a domicilio ciñe las transferencias a los mismos, a la prestación previa de las tareas y la justificación de los gastos afrontados. Tal extremo, según el PP, está implicando una "nueva carga" para los ayuntamientos, que ahora sufragan por anticipado los costes de este servicio, cuya financiación corresponde a las administraciones central y autonómica.

Fernando Rodríguez Villalobos, que en el propio pleno de la Diputación manifestaba que había un "problemón" en torno a este asunto, ha precisado que "nunca" ha recelado como tal de la nueva fórmula. En ese sentido, ha defendido que al pasar de un modelo de pagos semestrales y por adelantado a "liquidaciones mensuales" a periodo vencido, se implanta un sistema de transferencias "más ajustado a las horas efectivas que realmente se prestan a los usuarios" de la ayuda a domicilio.

"COMO EN TODO ARRANQUE"

"Lo único que ocurre es que, como en todo arranque de una nueva manera de hacer las cosas, los encajes iniciales siempre tienen que producirse. Máxime cuando la entrada en vigor de este nuevo modelo se hizo el 1 de julio, en pleno verano, y la primera certificación mensual hubo que realizarla en los días de agosto", ha expuesto el presidente, según el cual "salvando el escollo inicial", su institución ha colaborado "insistentemente" con la Junta "para normalizar definitivamente el nuevo sistema".

Y es que en el caso de la Diputación provincial, según ha recordado, como Administración local asume la prestación de la ayuda a domicilio en 88 localidades menores de 20.000 habitantes y dos entidades locales autónomas (ELA), lo que se traduce en asistencia para unos 4.500 usuarios con un "gasto social" de dos millones de euros al año.

"Esperamos que este asunto esté totalmente normalizado a principios de este año, por lo que no habrá que buscar soluciones alternativas. Antes al contrario, con la plena normalización en los plazos asistiremos a la adecuación óptima del nuevo sistema de financiación", ha concluido el presidente de la Diputación.