Melisa Rodríguez
Melisa Rodríguez CEDIDA

Al respecto, la diputada nacional de Cs ha señalado que "el descuento de residentes es irrenunciable", porque "es un derecho constitucional el garantizar la libertad de movimiento de todos los españoles".

Por ello, ha explicado que "la citada bonificación no es un privilegio, sino que es un mecanismo que facilita a los isleños, a los ceutíes y a los melillenses la movilidad en territorio nacional", y en el caso de Canarias, "entre islas para compensar la doble insularidad".

Según Rodríguez, "es un hecho que los canarios y los residentes en Baleares, Ceuta y Melilla tienen que hacer frente a la lejanía con el continente, a la insularidad, y en algunos casos a la doble insularidad, por lo que en ningún caso se les puede penalizar y que pierdan este derecho para poder viajar".

Por tal motivo, Ciudadanos ha preguntado al Gobierno de España "si es consciente de la situación; si conoce las razones por las que las aerolíneas alegan que existe el citado retraso; si han previsto soluciones para acabar con este problema; si se plantean modificar el sistema de subvenciones por residencia; y si son conscientes de la importancia que estas transferencias tienen para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla con respecto a los del resto de España a la hora de garantizar su derecho a la libre circulación por el territorio".

RONDA DE TRABAJO CON LAS AEROLÍNEAS

En este sentido, Rodríguez ha avanzado que Ciudadanos no sólo pedirá explicaciones al ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, sino que también va a iniciar una ronda de reuniones con todas las aerolíneas aéreas.

Asimismo, la portavoz adjunta del GPCs ha recordado que su formación ya registró el pasado mes de febrero una iniciativa para que se incrementaran los mecanismos de control sobre la bonificación, así como para que se mejorase "la gestión del procedimiento y los trámites para la ejecución y liquidación de subvenciones a las compañías aéreas por el descuento de residente".

"A todas luces está claro que el Gobierno de España aún no ha hecho nada para corregir esta situación y en ningún caso deben ser los ciudadanos los que paguen la mala gestión política en este asunto", comenta.