El delegado del Gobierno andaluz, José Luis Ruiz Espejo, ha indicado que la Junta reafirma con estos pagos "su compromiso con las corporaciones locales y el desempeño de las funciones y servicios que prestan a la ciudadanía".

Así, ha destacado el "carácter incondicionado de esta colaboración financiera para cuya dotación los ayuntamientos pueden decidir sus

prioridades y destinarla a cualquier finalidad que estimen necesaria", ha asegurado.

En cuanto a la distribución del fondo, los municipios con mayor partida en 2018 son Málaga capital, con 21.107.890,54 euros; Marbella, con 5.913.975,36 euros; Vélez-Málaga, con 3.680.433,32 euros; Mijas, con 3.660.136,33 euros; seguidos de Estepona, con 3.547.966,45 euros; Fuengirola, con 3.038.544,71 euros; Benalmádena, con 2.797.072,67 euros; o Torremolinos, con 2.786.912,85 euros.

Desde 2008, esta financiación a las corporaciones locales de la comunidad autónoma suma 4.265 millones de euros. "Andalucía es la única comunidad que garantiza a los ayuntamientos una participación en los ingresos autonómicos como fuente de financiación directa no condicionada", ha insistido Ruiz Espejo, "lo que permite a las corporaciones locales establecer sus propias prioridades de gasto en el ejercicio de su autonomía municipal".

La dotación global del fondo para 2018 es de 480 millones de euros, "una cuantía que se mantiene inalterable a pesar de las exigencias de consolidación fiscal impuestas por el Gobierno central", ha indicado la Junta en un comunicado.

Además, el Presupuesto de la comunidad autónoma para este año recoge un crecimiento del 7,8 por ciento en el Plan de Cooperación Municipal, lo que supone un total de 1.138 millones de euros, destinados principalmente al desarrollo de los planes de empleo y servicios sociales comunitarios.

Por otra parte, Ruiz Espejo ha explicado que los ayuntamientos reciben los fondos de la Patrica a través de cuatro partidas trimestrales. Así, la distribución de la cuantía se realiza mediante una fórmula objetiva que pondera población, dispersión geográfica, superficie urbana y capacidad fiscal, como recoge la Ley 6/2010, de 11 de junio, que regula la participación de las entidades locales en los tributos de la comunidad autónoma.