El Govern balear ha planteado la posibilidad de solicitar una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para tratar el recorte a las comunidades autónomas en la aportación de la financiación para 2018 respecto a las cantidades que el Ministerio de Hacienda había comprometido en julio.

En el caso de Baleares se trata de 67,3 millones de euros que ya se han incorporado a los presupuestos autonómicos de 2018, aprobados el pasado 21 de diciembre.

Según han confirmado fuentes de la Conselleria de Hacienda y Administraciones Públicas a Europa Press, de momento esta reunión no se ha solicitado formalmente, si bien ya ha habido contactos con otras comunidades autónomas que también han manifestado su malestar.

El Govern considera que es una cuestión que deben tratar todas las comunidades conjuntamente en el seno del CPFF para buscar una solución. El objetivo es reclamar que se mantengan las cantidades que el Gobierno había comunicado en julio, puesto que el presupuesto autonómico se realizó en base a esa previsión.

Este miércoles, la consellera de Hacienda, Catalina Cladera, criticó en un comunicado la decisión del Ministerio, que calificó como "injusta" y "un castigo para la ciudadanía de Baleares".

Cladera acusó al Gobierno de querer ejercer "presión" sobre las autonomías "pese al coste social que implica" al perjudicar a la "prestación de servicios públicos fundamentales". También alertó de que se trata de una "maniobra política" del Ministerio contra las CCAA "para intentar obtener apoyo de los grupos políticos" para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2018.

Paralelamente, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, sostuvo que el Gobierno central, al "recortar" 353 millones de euros en la financiación de la Comunitat para el ejercicio 2018, "está jugando con fuego en esta situación de displicencia con las comunidades autónomas".

Asimismo, en el ámbito estatal, el PSOE tildó de "chantaje intolerable" que el Gobierno vincule la renovación del sistema de financiación autonómica a la aprobación de unos nuevos PGE para los que, por el momento, aún no cuenta con apoyos necesarios.

Este jueves, la secretaria de Política Municipal del PSOE de Andalucía, María Jesús Serrano, ha criticado "el chantaje" del ministro Cristóbal Montoro a las comunidades y ciudadanos con la reducción de las entregas a cuenta.