En una nota de prensa, Participa ha criticado las "pérdidas salariales de más de 300 euros" que asegura que han sufrido los vigilantes de seguridad de las bibliotecas municipales, así como "los retrasos de varios meses en el pago de salarios en el ZooSanitario o los incumplimientos de convenio en el castillo de San Jorge, entre otros".

En este sentido, el concejal de Participa Julián Moreno ha achacado las situaciones mencionadas a "licitaciones irresponsables con empresas de seguridad de bajo coste".

"A año y medio de la aprobación de las cláusulas sociales, la situación de estos trabajadores de servicios municipales externalizados no ha mejorado e incluso ha empeorado en algunos casos", ha lamentado el concejal.

Además, Moreno ha indicado que el sector de la seguridad privada "es uno de los más precarizados que existen en el mercado laboral con un cuadro de sobreexplotación laboral, bajos salarios e incluso impago de sueldos y condiciones laborales indignas" y ha señalado que "algunas empresas de seguridad privada que se podrían denominar de bajo coste incurren en numerosas irregularidades en las contrataciones, incumplen las obligaciones con la Seguridad Social y con Hacienda, aparte de mantener a sus plantillas bajo la amenaza permanente del despido".

"En este sentido es fundamental que las administraciones públicas que mediante licitación contratan servicios de seguridad privada establezcan como parte de los requisitos para la adjudicación del Concurso Público el respeto al Convenio Estatal de Seguridad Privada y el cumplimiento de la legislación laboral, evitando en todo momento la competencia a la baja que siempre redunda en un peor servicio o los supuestos de baja temeraria", ha manifestado Moreno.

Asimismo, Participa ha asegurado que "a la empresa Seycon Acebur Seguridad le han adjudicado en el pasado año varias licitaciones municipales de Sevilla", cuando su plantilla "está sufriendo retrasos en el pago de salarios, concretamente en el Zoosanitario, de varios meses".

Para Moreno, "las Administraciones públicas no pueden ni deben lavarse las manos ante estas situaciones de abuso laboral", con lo que el concejal preguntará al gobierno municipal sobre la vigilancia municipal de los pliegos de los contratos establecidos con estas empresas.

"Muchas de estas empresas de bajo coste consiguen las licitaciones públicas a base de tirar los precios de los servicios a costa de empeorar las condiciones salariales de las plantillas", ha lamentado el concejal.

Igualmente, ha explicado que desde hace muchos años, a la hora de hacer contrataciones públicas "únicamente se han utilizado como base criterios económicos, tomándose como única referencia el costo de los suministros y servicios que se ofrecían, y es algo que creemos necesario cambiar".

Por último, Moreno ha explicado que "no deberíamos destinar fondos públicos a empresas que contaminen, incumplan las normas relativas a la seguridad y salud en el trabajo, no respeten los derechos laborales o no cumplan con los objetivos de integración e igualdad de nuestro marco normativo" y ha apuntado que "la oferta económica más ventajosa no siempre es la oferta que mejor satisface el interés general".

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