Acceso a la cantera
Acceso a la cantera EUROPA PRESS/SALVEMOS EL CERRO DE LA FUENTE DE LA

La concejala de Servicios Técnicos Municipales e Imefe de Jaén, Rosa Cárdenas, ha explicado que las alegaciones presentadas argumentan, entre otros aspectos, que las fincas ocupadas son de naturaleza de dominio público e incluso "los propios demandantes reconocen que no existe una relación jurídica con el Ayuntamiento para el aprovechamiento que allí realizan puesto que se trata de terrenos de titularidad municipal".

Según ha informado la edil en un comunicado, "los perjuicios que la continuidad de la explotación vienen ocasionando en las canteras son conocidos por los vecinos de Jaén que observan como día a día se destruye patrimonio natural de sus paisajes más emblemáticos".

Así, el informe elaborado por un ingeniero de montes y que se ha presentado ante el juzgado destaca que los perjuicios que la explotación de las canteras producen, se han venido reiterando desde 1978 y así se fundamenta en el acuerdo plenario de 26 de diciembre que acuerda denunciar la prórroga de explotación de las canteras e impedir la extracción de piedra en los citados montes de propiedad municipal debido a la profunda degradación del paisaje.

Además, Rosa Cárdenas ha indicado que el Ayuntamiento llegó incluso a precintar el 23 de julio de 1986 ambas canteras, y la actividad extractiva ha proseguido hasta el pasado año, cuando "la extrema gravedad" de la actividad que se produce en una de las canteras motivó incluso la intervención de la Fiscalía Provincial de Jaén (Diligencias de Investigación Penal número 15/17).

También recuerda el informe de 9 de febrero de 2017 de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en el que se describen pormenorizadamente las medidas cautelares sobre el espacio y entorno inmediato de la cantera La Quebrada, citando que aunque el perímetro de protección de la ficha A-9 del Catálogo arqueológico del PGOU no ha sido sobrepasado "en breve tiempo lo hará si continúa la explotación hacia el noreste".

El informe de alegaciones presentado en el Juzgado Contencioso Administrativo describe asimismo las afecciones al paisaje, especialmente sobre la imagen de la ciudad de Jaén desde el este y en relación con la Fuente de la Peña ya que los efectos se pueden apreciar desde la carretera de Granada, "afección que será incorregible a corto plazo si no se controla".

También expresa que "un Bien de Interés Cultural es indisociable de su entorno (Artículo 18 de la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español) y en este caso, el Conjunto Histórico de Jaén, pese a no tener un entorno de protección definido, que ahora se percibe como indispensable, tiene precisamente en esta imagen su signo de identidad más notable, la circunstancia orográfica irrepetible que explica la razón de ser de su ubicación, y su extraordinaria perdurabilidad como asentamiento humano".

Rosa Cárdenas ha concretado que en el informe también se especifica que una simple observación de fotografías aéreas históricas de las fincas municipales ocupadas por las canteras y su comparación con fotografías aéreas actuales "permite apreciar la brutal magnitud del impacto producido por la explotación de las canteras sobre su relieve, la profunda degradación del paisaje, el indescriptible impacto visual y las afecciones irreversibles al medio ambiente que la explotación de ambas canteras produce".

Estos efectos "resultan inaceptables más aún vista su proximidad al núcleo urbano y en particular la amplitud de la cuenca visual de la explotación de La Quebrada, lo que implicaría necesariamente que de continuar la explotación, la afección sobre el medio ambiente se acrecentaría de manera que los daños serán de imposible reparación".

Así se ha dado traslado de esta situación al titular del Juzgado de los Contencioso Administrativo número 3 de la capital para que levante la suspensión de la ejecución de la resolución recurrida ya que la continuidad de la explotación del terreno municipal ocupado por las canteras La Quebrada y La Imora "implicaría agravar el impacto paisajístico, ambiental y arqueológico producido, que ya es irreparable o de muy difícil reparación, por lo que la continuidad de la explotación perjudica gravemente al interés general".

Además se argumenta que la explotación del terreno municipal "se está realizando sin la existencia de relación jurídica válida con su propietario, el Ayuntamiento de Jaén".

Por último el informe aclara que el asunto ha sido ya resuelto mediante sentencia de 4 julio 1983 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, sin que los demandantes puedan en consecuencia exigir en modo alguno la existencia de "apariencia de buen derecho" en su demanda, debiéndose por lo tanto levantarse la suspensión de la ejecución de la resolución recurrida.

Consulta aquí más noticias de Jaén.