Vista exterior de la cárcel de Picassent
Vista exterior de la cárcel de Picassent EUROPA PRESS

Los datos del Centro de Inserción Social de Valencia (CIS) Torre Espioca, ubicado también en Picassent, son similares. Así, el número de funcionarios también ha bajado en este intervalo de años un 7,61% al pasar de 92 en 2011 a 85 en junio de 2017.

Acaip ha elaborado este informe con datos oficiales de la Administración de fecha 1 de junio de 2017 facilitados en respuestas parlamentarias o respuestas en virtud de la Ley de Transparencia.

Según los datos el estudio, cada vez hay menos funcionarios y más envejecidos para atender al mismo número de internos. "Mientras no hay una renovación en las plantillas de trabajadores, los internos si que se renuevan y continúan entrando en prisión internos de menor edad que los trabajadores que se deben encargar de ellos", ha afirmado el sindicato.

Así mismo, actualmente existen 80 vacantes en Picassent y 10 en el CIS Torre Espioca. Por su parte, la edad media de los funcionarios que trabajan en ambos centros es de 48 años.

"Las perspectivas a medio plazo son desoladoras. Si no se convocan Ofertas de Empleo Público importantes, en pocos años estos centros, al igual que la mayoría del sistema penitenciario español, tendrán serios problemas para poder seguir funcionando, por lo que estamos ante un riesgo de colapso importante", ha advertido el sindicato.

En esta línea, ha lamentado que la Administración "reconoce" que hay menos trabajadores que los mínimos necesarios para el funcionamiento de los centros, y sin embargo, "no hace nada para corregirlo". "Continúa sin convocar plazas en número suficiente para revertir la situación", ha criticado.

"Esta falta de personal -ha agregado- no es solo un dato numérico. Que no haya un número suficiente de trabajadores impide cumplir los mandatos constitucionales de reinserción y reeducación de los internos. Pero también impide garantizar la seguridad en los centros, y la prestación de una adecuada atención sanitaria", ha dicho.

Acaip cifra en 3.500 las incorporaciones necesarias a nivel nacional en los próximos cuatro años para asegurar el funcionamiento de la institución penitenciaria española.

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