Adif no ha cobrado indemnizaciones por los robos de cable de cobre registrados en la red ferroviaria en los últimos cinco años (2012-2016) dado que no tiene póliza de seguro alguna que cubra estas sustracciones dentro de su programa de aseguramientos.

La compañía promotora y gestora de la red ferroviaria cifra en más de 35 millones de euros las pérdidas económicas sufridas por estos robos en este periodo. Entre 2012 y 2016 las líneas ferroviarias han sufrido un total de 4.604 sustracciones de cableado, según se desprende de las respuestas parlamentarias escritas del Ministerio de Fomento al diputado socialista Antonio Hurtado.

No obstante, en las respuestas, el Gobierno reconoce que "no se ha cobrado indemnización alguna de las compañías de seguros con las que Adif y Adif-Alta Velocidad tienen suscritas sus pólizas". "Dentro del programa de seguros de ambas entidades no está contemplada ninguna póliza de seguros que cubra daños por 'robo de cable'", explica la compañía que preside Juan Bravo.

No obstante, de las respuestas parlamentarias también se desprende que los robos de cables de la red ferroviaria vienen experimentando un paulatino descenso en los últimos años. Así, mientras que en 2012 y 2013 se contabilidaron 1.130 y 1.255 sustraciones de cable, respectivamente, en 2014 disminuyeron hasta las 1.079 y ya en 2015 se situaron por debajo del millar. Ese año se registraron 860 y en 2016, hasta tres veces menos, unos 280 robos.

Fomento asegura que esta caída es fruto del refuerzo de los servicios de seguridad privada contratada y de la videovigilancia, así como del desarrollo de grupos específicos internos de apoyo para la investigación de los robos y del intercambio de información con otros sectores que pudieran estar afectados.

En este sentido, destacó la puesta en marcha de un plan permanente ante los robos de cable de cobre para mejorar la capacidad de respuesta policial y el lanzamiento de varias operaciones en 2015 que, según el Ministerio, "ha repercutido muy favorablemente en los datos del año 2016".

Fomento también apunta al positivo efecto de la modificación realizada en el Código Penal para agravar las penas de los delitos relacionados con la sustracción de conductores eléctricos. En virtud de este cambio se introdujo una pena de entre uno y tres años de de cárcel cuando el hurto fuese de cableado de suministro eléctrico "destinado a la prestación de servicios de interés general" y cause "un quebranto grave a los mismos".