Este plan se aplicará a los 4.572 empleados autonómicos que prestan sus servicios en los juzgados de las tres provincias y que se reparten en cinco cuerpos: gestores procesales, tramitadores, auxilios judiciales, médicos forenses (donde se incluyen psicólogos y psiquiatras) y personal de laboratorio de los institutos de medicina legal, detalla la Generalitat en un comunicado.

Desde el departamento que dirige Gabriela Bravo destacan que el programa es uno de los pioneros en España, ya que actualmente solo Euskadi cuenta con una norma de características similares.

La normativa se estructura en nueve objetivos específicos y un total de 59 medidas concretas. Una de ellas es la elaboración de informes de impacto de género respecto a las disposiciones y normas que afecten al personal autonómico de la Administración de Justicia.

Otros objetivos del plan son garantizar la presencia equilibrada de los dos sexos en los órganos colegiados, comités y órganos de negociación, así como en los tribunales de selección de persona. También se procurará la representación equilibrada de mujeres y hombres en la provisión de puestos de trabajo de libre designación.

En la misma línea, las trabajadoras que formen parte de una bolsa de trabajo temporal, sean llamadas para ocupar un puesto y la oferta sea realizada durante las semanas obligatorias del permiso de maternidad, podrán solicitar la reserva del puesto de trabajo hasta que la baja finalice.

Justicia facilitará además que las funcionarias destinadas a órganos judiciales con servicio de guardia continúen recibiendo las retribuciones por desempeñar esta función, cuando no las puedan llevar a cabo a causa de la incapacidad temporal relativa al riesgo a causa del embarazo y durante los permisos para el parto y la lactancia.

Con este plan, la Conselleria quiere garantizar la aplicación de las medidas necesarias en los procesos de promoción, y evitar así "impactos negativos en la igualdad de oportunidades" como ponderar el tiempo que la persona candidata haya permanecido en situación de excedencia, reducción de jornada u otros permisos relacionados con la conciliación de la vida laboral y familiar. Se intentará así que todos los cursos ofertados se realicen en horario laboral.

PROTOCOLO PARA CASOS DE VIOLENCIA MACHISTA

Paralelamente, el departamento llevará a cabo un protocolo de prevención y actuación para casos de violencia de género. Este documento recogerá las garantías de confidencialidad a lo largo de toda la carrera profesional de las víctimas, así como para la protección de su integridad física y moral y un procedimiento de movilidad para las empleadas públicas en esta situación.

El Plan de Igualdad de Justicia prevé además la creación de una comisión de seguimiento formada por representantes de la Administración y de las centrales sindicales. Se reunirá cada tres meses para hacer seguimiento y control de los objetivos perseguidos y las medidas aplicadas.