En nota de prensa, y tras reconocer que la región está avanzando en la recuperación de un Sistema Público de Servicios Sociales tras los recortes de la pasada legislatura como muestran los datos del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SISAAD), han defendido que queda mucho por mejorar, pues aún no se han recuperado los niveles de 2011.

"Ejemplo de ello es que el gasto por habitante superaba entonces los 500 euros y ahora no alcanza los 400; o que había un profesional por cada 2.553 habitantes y en 2017 uno por cada 2.759", han dicho.

A este sindicato también le preocupa "la fragilidad" con la que se está dando el proceso de recuperación de la cobertura del Sistema de Dependencia que se está articulando mayoritariamente sobre servicios profesionales caracterizados por un "bajo nivel de intensidad protectora como la teleasistencia", por lo que han reclamado "mayor intensidad protectora".

CCOO manifiesta que persisten "importantes lagunas" entre las que destacan un elevado porcentaje de personas beneficiarias en lista de espera que supera el 19% de las personas que tienen reconocido el derecho.

"Aunque estamos por debajo de la media del Estado, estamos muy lejos de una comunidad de estructura similar a la nuestra como Castilla y León donde apenas se supera el 1%", han añadido.

También han apuntado que los servicios residenciales apenas han subido en 833 personas lo que ha provocado que su peso en el conjunto del sistema baje del 21,98% de 2016 al 19,56% en 2017.

En otro orden de cosas, han mostrado también preocupación por el régimen especial de zonas rurales acordado en el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia, según el cual las personas que no cuenten con la cualificación profesional exigida podrán ser contratadas si en la zona no existen personas con esta cualificación.

"Las personas dependientes del medio rural necesitan una atención tan profesional como las del medio urbano, sería muy llamativo que se planteara algo así con otros profesionales como personal médico o educativo. Entendemos las dificultades que existen en el medio rural, pero eso no justifica una bajada de calidad en la atención", han dicho.

Así las cosas, el sindicato considera que el principal desequilibrio del Sistema Público de Servicios Sociales en Castilla-La Mancha es la "baja" ratio de cobertura en relación con el gasto, lo que evidencia que es "una de las comunidades menos eficientes en la gestión de sus servicios sociales".

Por ello, ha hecho hincapié en que "hay que trabajar por unos Servicios Sociales Públicos de calidad, dando respuesta a las necesidades y reclamos de la ciudadanía y de los sindicatos". "En muchas ocasiones hemos de salir a la calle con nuestras voces y nuestras cacerolas para exigir los derechos de quienes viven y trabajan en esta región", han concluido.