En un comunicado, EAC señala que el que hecho de que Viscocel haya reiniciado su producción "es sin duda una buena noticia por los puestos de trabajo que implica", pero "no por ello puede hacerse de cualquier manera".

A juicio el colectivo, el tiempo de paralización transcurrido no puede considerarse como un mero cese de actividad temporal, pues superados muy ampliamente los dos años, la legislación estima cerrada la instalación, por lo que "lógicamente la empresa debería haber solicitado una nueva autorización ambiental integrada".

En este sentido, EAC subraya que la empresa ha dispuesto de tiempo "más que suficiente" para ello, pero ha preferido los atajos y las componendas de la mano de la Dirección General de Medio Ambiente (DGMA) mediante artificios argumentales sin base ni consistencia normativa". Una "rgucia y chapuza legal que sólo redunda en inseguridad jurídica para Viscocel", advierte.

Con todo, "lo realmente grave" a su juicio es la "dispensa extraordinaria "por la cual durante cinco meses la planta estará exenta de cumplir con los valores límite de emisiones contaminantes a la atmósfera, dado que los sistemas de depuración mediante biofiltros necesitan ese tiempo para poder alcanzar un óptimo rendimiento.

Una dispensa que podía ser legal, advierte, siempre que se garantizase que el entorno de dispersión de esas emisiones (inmisión) no se viese afectados los niveles de protección de la salud de los vecinos. "Algo que, con las condiciones de reapertura, no están en absoluto aseguradas y que, sin embargo, es posible", asegura la agrupación.

En este sentido, subraya que "incluso a pleno rendimiento de los biofiltros el equilibrio entre las emisiones de Viscocel y calidad del aire era más que crítico". "Por ello se reformó en 2014 la legislación, específicamente a medida y demanda de esta empresa, elevando los límites tolerados de contaminación para el disulfuro de carbono en un 700%, a pesar de todo Viscocel habría seguido superando esos niveles el 15% de los días, con picos de contaminación que cuadruplicarían los límites legales ya ampliados" denuncia Ecologistas.

También indica que las "irregularidades de la DGMA se acumulan en éste y otros casos", como en la otra dispensa que se otorgó por un período de tres meses en los vertidos de la depuradora de Sniace en el reinicio su actividad, los cuales habían sido declarados previamente ilegales por sentencia firme de la Audiencia Nacional.

"Todo un ejemplo por sí solo de la manifiesta arbitrariedad por parte de la DGMA, que supedita de forma incondicional los principios ambientales más básicos a determinados intereses industriales", concluye.