Las empresas de alquiler de vehículos y las dedicadas al hospedaje en viviendas tendrán la obligación de contar con un registro documental de sus contratos con la identidad de sus clientes, con el objetivo de que las fuerzas de seguridad cuenten con información de sospechosos yihadistas.

Así lo ha anunciado este miércoles el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en la rueda de prensa posterior a la reunión del pacto antiyihadista a la que han acudido representantes de PSOE, PP, Ciudadanos, UPyD, UPN y Podemos, éste último en calidad de observador, en tanto que los partidos nacionalistas ERC, PDeCAT y PNV han rechazado su presencia.

Zoido ha asegurado que el Gobierno está trabajando en un paquete de medidas legislativas -para garantizar cuatro objetivos estratégicos seguridad: prevención, protección, persecución y preparación- "ya en fase de conclusión" y que estarán en vigor a lo largo del próximo año, entre ellas, un Real Decreto para que las empresas de alquiler de vehículos y viviendas u hospedajes estén obligadas a registrar en una base de datos a sus clientes.

Interior también quiere que se modifique el reglamento de gases licuados de petróleo, sacar adelante un anteproyecto de ley para la trasmisión de datos de reserva de vuelos y que se identifique a las personas con patrones de conducta compatibles con la amenaza de terroristas.

Interior también quiere reforzar algunos preceptos de la ley de Seguridad Ciudadana o impulsar medidas relativas al registro de Entidades Religiosas, aunque el titular de Interior no ha precisado en qué sentido irán los cambios legislativos.

Se modificará también el reglamento de gases licuados de petróleo para mejorar el control de las bombonas de butano, en tanto que se pretende avanzar en una nueva Ley General Penitenciaria y "algunas otras reformas" para dotar de mayor eficacia a las fuerzas de seguridad en su lucha contra el terrorismo.

El resto de medidas persiguen unificar la legislación española con la normativa europea en el combate del yihadismo. En este conjunto, Interior incluye el anteproyecto de ley para la trasmisión de datos de reserva de vuelos, a fin de que los servicios de información puedan detectar patrones de conducta compatibles con la amenaza terrorista o el reglamento de precursores de explosivos y drogas.

En materia de extranjería, el Ejecutivo está también trabajando en algunas reformas para adaptar la norma a la de la UE, con el objetivo de que eviten que se repitan situaciones como la que impidió la repatriación del imán de Ripoll tras su paso por prisión.

Además de estas medidas, el director del Centro de Inteligencia con el terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), José Luis Olivera, ha dado cuenta a los asistentes de la reunión del pacto de un informe sobre los atentados perpetrados en agosto en Barcelona y Cambrils que costaron la vida a 16 personas y dejaron un centenar de heridos.

Precisamente la cita de este miércoles es la segunda tras estos ataques en la que, según ha dejado claro Zoido, no se ha hablado sobre los contactos que el CNI estableció con el imán de Ripoll y cerebro de la célula de Alcanar (Tarragona).

Sí ha comentado el titular de Interior al final de la reunión, que ha durado más de horas, que ha "recomendado" a los partidos que asisten en calidad de observadores (Podemos, PNV y ERC) que asuman un papel "más proactivo", es decir, que suscriban el pacto.

Desde el PSOE, Adriana Lastra ha compartido la necesidad de afrontar modificaciones legales para abordar un fenómeno "mutable", aunque ha dejado claro que no van a aceptar "cualquier cosa que se les ponga sobre la mesa", por lo que ha confiado en poder llegar a acuerdos en la tramitación parlamentaria de las medidas anunciadas.