Según un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, se acuerda continuar esta parte principal de esta causa, que tiene varias piezas separadas, por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Así, se da traslado a las acusaciones, tanto particulares como a la Fiscalía, para que soliciten o no la apertura de juicio oral y presenten escrito de calificación.

En junio de 2013, Muñoz se dio de baja de IU, junto a los seis ediles que integraban entonces el grupo municipal de la coalición, tras las peticiones de dimisión de la dirección provincial, regional y federal ante esta investigación por supuesto enchufismo de familiares y personas relacionadas con la formación. En octubre de 2014 renunció a la Alcaldía.

En la resolución dictada ahora se señala que las investigaciones de las contrataciones laborales de personal del Ayuntamiento y sus sociedades apuntan a que la mayoría de los contratos analizados se realizaron "vulnerando la legislación en materia laboral", al hacerse "sin convocatoria pública y sin respetar los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad".

Según la instructora de esta parte principal de esta causa, en la documentación aportada "no se acredita" la realización de procesos selectivos y algunas de las contrataciones "presentan circunstancias no justificadas como el hecho de prolongarse en el tiempo contratos en los que se especificaba un límite o servicio determinado".

Esta forma de actuar hizo, se indica en la resolución, que la mayoría de los recursos planteados por los empleados cuando se decidió extinguir la relación laboral fueran aceptados por los juzgados y los trabajadores tuvieran que ser readmitidos o indemnizados "con el consiguiente perjuicio económico al municipio" de Manilva.

Además de contratos del Ayuntamiento, se incluyen los de cuatro sociedades municipales, habiéndose realizado en dicho periodo la contratación de unas 700 personas. Una de ellas es la hija de la exalcaldesa.

Asimismo, también se han analizado los pagos de horas extras, detectándose que algunos empleados municipales "sistemáticamente recibían un importante complemento" y la "falta de justificación de un número importante de los abonos extraordinarios realizados", constando acuerdos para percibir estos pagos de "no descansar ningún día". Así, se aduce "falta de rigor y orden" en esta materia.

Entre los investigados en esta pieza principal, además de la exregidora y de la hija de ésta, se encuentran exasesores y ediles de 2007 a 2013 -entonces de IU- con responsabilidades en distintas concejalías, dos de los cuales continúan en el equipo de gobierno aunque por otros partidos, como es el caso de Diego Urieta y Francisca López. En otras dos piezas ya hay escrito de acusación.